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Política Monetaria, otro fracaso

06/11/2015 Sin Comentarios

Ricardo Puglia

La batería de instrumentos monetarios y administrativos conocidos y practicados hasta hoy han llevado al “fracaso permanente” en la administración de las finanzas públicas y cuando los ciclos económicos han cambiado los “ajustes fiscales” fueron siempre la respuesta, al igual que hoy con nuevos impuestos, ajustes de tarifas públicas, etc. El único perjudicado es y ha sido, el trabajador.

En el año culminado en agosto 2015, el déficit del Sector Público Global (SPG) fue 3.6% del PIB, mientras que al cierre de 2014 alcanzó a 1.983 millones de dólares (M us$), 3.45% del PIB; constituyendo el Gasto Público del período 18.477 (M us$), el 32.17% del PIB.

Este déficit se financió principalmente con emisión de títulos públicos y con el incremento de los depósitos en dólares en el BCU, aumentando 0.4% del PIB respecto a un año atrás. Cuando se depuran estas cifras el crecimiento del déficit pasó de 3.6% del PIB a 4.0% del PIB.

El déficit propio del Banco Central del Uruguay (BCU) se incrementó en 0.7% del PIB en el último año, ubicándose actualmente en 1.1% del PIB, o sea, 632 (M us$). Esta dinámica se explica por el aumento de los egresos en moneda nacional, asociados a los intereses pagados por los instrumentos de esterilización.

Por otro lado, se registró, a lo largo del trimestre (Jul/Set 2015), un ajuste al alza de las tasas adjudicadas en el mercado primario de Letras de Regulación Monetaria, en todos los plazos. Así, en el caso del tramo corto de la curva de rendimientos el promedio de setiembre 2015 ascendió a 14.1%.

Uruguay es la economía número 77 del mundo por volumen de PIB (Brasil es la 7ma., Argentina la 24ª y Chile la 43ª). La deuda pública del Uruguay en 2014 fue de 35.193 (M us$), un 61,27% del PIB y su deuda per cápita de 10.343 dólares por habitante, mientras que la deuda pública chilena en 2014 fue de 38.941 (M us$), un 15,10% del PIB y su deuda per cápita de 2.192 dólares por habitante. La deuda per cápita de los brasileros asciende a 7.745 dólares por habitante.

El gasto público en defensa en Uruguay disminuyó 116,3 millones en 2014, es decir un 14,42%, lo que representó el 4,95% del gasto público total. Esta cifra supone que el gasto público en defensa en 2014 alcanzó el 1,59% del PIB, una caída de 0,27 puntos respecto a 2013, cuando el gasto fue el 1,86% del PIB. El gasto público en sanidad en Uruguay en 2013, creció un 23,88%, lo que representó el 20,43% del gasto público total.

Si consideramos sólo como ejemplo que los 632 (M us$) gastados por el BCU en 2015, que representan un 32% del déficit fiscal de 2014, vemos con claridad el fracaso de la política macroeconómica sustentada por la administración frentista, pudiéndose haber gastado esos dineros públicos en otros sectores rezagados del sector (educación, salud, vivienda, seguridad).

Si partimos de la base que para el pago del gasto público el Estado recurre a la emisión de dinero sin respaldo genuino y al endeudamiento interno y externo, y ello provoca inflación estatal, el anclaje de la economía que proponemos es “el real ingreso fiscal recaudado en un período de un año” y no la cotización del dólar americano.

El segundo anclaje propuesto es establecer que las nuevas emisiones de papeles públicos solamente puedan efectuarse para el financiamiento de las inversiones públicas necesarias como carreteras, puentes, mejoramiento, ferrocarriles, reinversiones en empresas públicas, etc., que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de los uruguayos, sea a través de menores tarifas, sea a través de la entrega de mejores productos y servicios.

El endeudamiento para situaciones de desequilibrios de la balanza de pagos lo debe proporcionar el Fondo Monetario Internacional mientras que el financiamiento interno se tiene que realizar a través de Letras de Tesorería esporádicamente a un plazo no mayor a un año, de forma de regular las situaciones deficitarias de caja.

Si estos anclajes se consideraran, el dólar flotaría libremente como consecuencia de lo que ocurra en los mercados internacionales, sin quitar competividad a nuestras exportaciones que ya acumulan once meses de caída consecutiva. El BCU debe intervenir sólo como contralor de situaciones especulativas y de alta volatilidad tendiéndose a eliminar al Estado como proveedor de inflación.

El proyecto de ley del Presupuesto Nacional debería incluir estos planteos.

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