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El FA y los Organismos de Contralor

16/10/2015 Sin Comentarios

Jaime Mario Trobo

Probablemente en la sicología de los gobernantes del Frente Amplio, tanto de Vázquez como de Mujica opere un mecanismo de rechazo a todo lo que se vincule con el control de los actos de gobierno, como así con la existencia de Poderes y Organismos que cuenten con autonomía y potestades para encargarse de esos menesteres, y que contribuyen a la vigencia del Estado Republicano. Sin agraviar, se puede afirmar, que las reacciones regulares de la presente administración y las dos que la precedieron ante los dictámenes u opiniones de organismos de la jerarquía institucional del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas o el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que no les son favorables a sus pensamientos, ideología o interesas, materializados en actos legislativos o de gobierno, son esquizofrénicas.

En ocasiones cuando la Suprema Corte declara la “inconstitucionalidad” de una norma, se buscan argumentos vulgares y corrientes, de boliche, como que la Constitución agraviada fue formulada por los “ricos”, los “estancieros” o majaderías tales como no incluye ciertos derechos, lo que con una simple lectura, conducida por cierta formación elemental y buena fe republicana, se puede desmentir categóricamente. Cuando el Tribunal de Cuentas observa y mandata corregir los procedimientos de uso de los fondos públicos, de los que el gobierno es n mero administrador pues sus titulares son los contribuyentes, o porque son ilegales, o porque son irregulares, o porque no respetan los procedimientos de transparencia que la administración pública exige, se agravian los funcionarios y debaten públicamente, hasta con calificaciones inadecuadas, como las de la polémica del Ministro de Transporte de Vázquez cuando el T de Cuentas le observó el inicio del luego fracaso estrepitoso y corrupto negocio de Pluna.

También cuando el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, refugio de la legalidad de los actos de la administración que permite a los particulares reclamar y satisfacer su demanda en caso que sus derechos hayan sido avasallados se expresa, los funcionarios de los mencionados gobiernos cargan sus baterías contra el Organismo sin la más mínima consideración a su condición de garante de la legalidad.

La Corte Electoral ha sido también en otras épocas, blanco de furibundos ataques acusándosele de parcialidad en una materia tan sensible como la justicia electoral, precisamente por actores de la misma fuerza política. Hasta que no se aseguraron la mayoría en este Organismo no cejaron en su acoso y descalificación que era a la entidad y a quienes la integraban.

Hay una manía persecutoria de estos partidos y funcionarios que ocupan el Gobierno que pretenden justificadas por su “buena voluntad” y la irremediablemente justa condición de sus causas y actos de gobierno, a tal punto que toda opinión contraria es perversa, insensata e inadecuada para el bienestar de la sociedad. Una especie de “exclusivismo” de las causas buenas que no puede ser compartida por nadie que no comulgue con sus ideas.

Y esto no solo podemos verificarlo en las declaraciones públicas y manifestaciones al respecto, sino que se materializan en el respeto presupuestal que estas entidades merecen. En estos días se analiza en el Parlamento el Presupuesto Nacional. Al inicio de un periodo de gobierno esta es la instancia para ajustar detalles del presupuesto vigente y demostrar interés y decisión en cooperar con la mejora de la calidad de las acciones de gobierno, dentro de las cuales las jurisdiccionales y de contralor tienen un papel determinante de la calidad democrática y republicana. Pues en esta instancia presupuestal el mensaje del Poder Ejecutivo no contiene ni una coma, ni un peso, ni una norma que no sea meramente administrativa en los incisos de los Organismos cuyas competencias venimos comentando. El Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral y el de los Contencioso Administrativo han sido absolutamente desconsiderados por el Gobierno del Frente Amplio en el presente presupuesto y es notorio que la mayoría parlamentaria, a pie juntillas cumplirá con impedir cualquier acceso a nuevos fondos para estos organismos. Pero esto no es nuevo, si analizamos los mensajes presupuestales de los tres gobiernos del Frente Amplio, son los peores mensajes para estos organismos desde la reinstitucionalización democrática hasta la fecha.

Esta señal, que algunos han calificado de “castigo” por su díscola conducta se alinea perfectamente con los agravios proferidos, las vulgaridades expresadas y el desapego a la importancia de sus competencias y revela una forma de pensar que en ocasiones hace chispas con la ideología republicana que profesa nuestra Constitución y que en el Uruguay debe prevalecer.

El peor presupuesto desde la Dictadura hasta ahora para el Poder Judicial y los Organismos de Contralor ha sido cada uno de los enviados por las administraciones del Frente Amplio. Esto es incontrastable. O les importan muy poco, o les han fastidiado tanto sus dictámenes que se los quieren hacer pagar caro.

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