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Ley de medios es inoportuna, inconveniente y parcial

19/12/2014 Sin Comentarios

Entrevista del Espectador al Diputado Alvaro Delgado.

La mejor ley de medios es la que no existe” dijo el presidente Mujica hace un par de años, al ser consultado sobre el tema. Sin embargo, tiempo de después, se puso a disposición del Parlamento un proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que ha sido objeto de varias polémicas y modificaciones. Este martes se aprobará en el Senado con los votos del oficialismo, y para conocer el punto de vista de la oposición, En Perspectiva entrevistó al diputado nacionalista Álvaro Delgado. El legislador recordó que la bancada de su partido insistió en que “tratar un proyecto de ley tan controversial era inconveniente” en un año electoral. Además dejó en claro que él está “en contra de la regulación de los contenidos”, y que esta ley no debería ser sobre medios, sino sobre telecomunicaciones, “mirando lo que se viene y no mirando con el espejo retrovisor”.

Para empezar, ¿qué evaluación hace de este proceso de más de dos años de debate de este proyecto, uno de los más polémicos de los últimos años?

ÁLVARO DELGADO: Yo soy crítico con respecto a la ley. Si bien no me niego a discutir cualquier aspecto, me parece que la ley, por los motivos que sea, es absolutamente inoportuna e inconveniente, parcial, además de la inconstitucionalidad que todos los académicos que pasaron por la comisión o por el Parlamento han dicho que tienen algunos aspectos de la ley.

Además es una ley hiperreglamentarista, de más de 180 artículos, con una cantidad de capítulos bien diferentes: se excluye de la regulación todo lo que sea comunicación por el protocolo de internet; se genera un monopolio para Antel; se regulan los contenidos; se regulan las frecuencias; hay un tema de promoción de producción nacional; hay un control de la ley por un órgano que se crea (el Consejo de Comunicación Audiovisual –CCA–), y hay un tema de publicidad electoral.

Esos son los capítulos más grandes de la ley. Deja fuera algunas cosas que para mí son importantes: una ley hiperreglamentarista, tan detallista como esta, que se mete con los contenidos, deja afuera la publicidad oficial, que para nosotros habría sido natural que estuviera incluida (más de 80 millones de dólares de publicidad oficial).

En cuanto al proceso, en el 2010, cuando se empezó a hablar de este tema –más o menos a un año de la aprobación de la ley de medios argentina, a la que esta se parece en algunos aspectos y que después tuvo una disputa judicial muy grande–, el presidente Mujica dijo cosas como “la mejor ley de medios es la que no existe”, “si me dan una ley, la tiro a la papelera”.

A mediados del año 2013 ingresó al Parlamento un proyecto de ley con algunas características parecido al que hoy está en discusión, presentado por la bancada del Frente Amplio (FA). Entró por Diputados, tuvo seis versiones diferentes, se modificaron más de 80 artículos, algunos en sentido positivo y otros en sentido más restrictivo, por lo menos que no compartimos, y terminó con una votación en Diputados en diciembre del año pasado, después de pasar una cantidad de delegaciones de los actores sociales involucrados y organismos oficiales y lo que tiene que ver con los sectores académicos.

De ahí fue a la comisión del Senado. Nosotros insistíamos en que, en medio de un proceso electoral y sobre la finalización de un mandato, tratar un proyecto de ley tan controversial era inconveniente. Yo soy contrario a proyectos de ley de medios que se meten de los contenidos. Podemos hablar de frecuencias y de otras cosas, de promoción de la producción nacional, pero al hablar de los contenidos creo que estamos en el límite de una zona muy gris que puede generar algunos temas muy complicados que pueden llevar no sé si la censura directa, pero al menos a la autocensura de quienes tienen que dar la información.

Vino a la comisión del Senado, se discutió, hubo algunas modificaciones, no muchas, y supuestamente se va a votar mañana con algunas modificaciones.

EMILIANO COTELO – La pregunta era general a propósito de cómo se había procedido al trámite parlamentario de esta ley. En cuanto al proceso, con respecto a la forma como se manejó, la cuestión principal para ustedes es que no se procuró un acuerdo amplio, una votación con apoyo de los distintos partidos políticos.

AD – No puedo decir que no se pidió la opinión de todos los actores sociales involucrados. En la comisión de Diputados recibimos cerca de 60 delegaciones de todo tipo, delegaciones oficiales, academia, actores sociales.

Cuestiono no solo un tema de inconveniencia, porque se dio sobre el proceso electoral, a mediados del año pasado, que quizás no fuera el mejor momento. Hay un tema de forma y un tema de tiempo.

En cuanto a la forma, creo que se necesitan niveles de acuerdo y de consenso que este proyecto de ley no tiene ni tuvo. Hubo recepción de propuestas de los actores sociales, pero no hubo un intercambio entre los partidos políticos a fin de buscar niveles de consenso para avanzar en determinadas cosas o para desestimar otras.

Y cuanto a los tiempos, me parece a todas luces bastante complicado aprobar al final de una legislatura, entre las fiestas, un proyecto de estas características, que va a modificar radicalmente al menos el panorama de los medios de comunicación en Uruguay, más allá de que en algún tiempo la tecnología y el control remoto le van a pasar por arriba a la ley.

EC – Usted señala que el proyecto incluye restricciones a la libertad de expresión. ¿A cuáles alude, a qué artículos o a qué parte del proyecto?

AD – A la primera parte, cuando hablamos de qué cosas se pueden dar y qué cosas no se pueden dar, en qué condiciones. Con un nivel de detalle asombroso, pero con una descripción absolutamente vaga, que deja librada la interpretación a quien tiene que interpretar y eventualmente sancionar el incumplimiento de esta norma, que es el CCA que se va a crear cuando se vote la ley en el Parlamento.

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