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Por la mitad

23/05/2014 Sin Comentarios

Pablo Da Silveira, diario El País

Por un momento pareció que este comienzo de clases en Secundaria iba a ser mejor que los anteriores, pero muy pronto la ilusión de disipó. No sólo se volvió enseguida a los paros que perjudican a los alumnos y sus familias, sino que la máquina burocrática no consigue ponerse a funcionar. Hacia mediados de mayo, todavía faltaban docentes para dictar unas diez mil horas de clase. Esa cifra representa aproximadamente el 3% del total de horas y es el doble de lo que quedaba por cubrir en mayo del año pasado.

Vista la situación, el Consejo de Educación Secundaria decidió encomendar a los directores la tarea de encontrar los docentes que todavía faltan. También se piensa en otras medidas, como el dictado de clases virtuales a través de la web.

¿Es una buena decisión encargar a los directores la búsqueda de los docentes que faltan? En cierto sentido lo es, porque implica un paso en la dirección correcta. Dado que uno de los principales defectos de nuestra enseñanza es su enorme centralización, y dado que las mejores prácticas a escala internacional sugieren la conveniencia de reforzar la figura del director, podría pensarse que lo único bueno de esta triste situación es que ha empujado a las autoridades a mejorar el rumbo de sus decisiones.

Pero, por otra parte, la resolución del Consejo repite un error que se comete una y otra vez en nuestra enseñanza: mantenemos en funcionamiento reglas generales que sólo pueden producir resultados negativos, y luego intentamos neutralizar esos malos resultados con gestos paliativos que intentan ir contra corriente.

La existencia de horas de clase sin cubrir es una consecuencia inevitable del sistema de elección de horas docentes que aplicamos en la enseñanza media. Esto ocurre de varias maneras, pero una parte esencial de la explicación reside en que este sistema permite a cada docente elegir la cantidad exacta de horas que quiere dictar. Esto normalmente no ocurre entre los empleados públicos. En general, una persona que opta por un puesto de trabajo en la órbita del Estado debe aceptar la jornada laboral que se le propone. Como mucho, podrá decidir si trabaja 4, 6 u 8 horas por día. Pero las normas no admiten que un empleado decida trabajar 3 horas por día mientras su vecino de escritorio trabaja 5 horas y media.

Esto es justamente lo que se permite en la enseñanza. Supongamos que en un liceo hay disponibles 20 horas para el dictado de una asignatura. El docente que está en condiciones de elegir ese liceo podrá optar por cualquier cantidad de horas entre 1 y 20 (aunque si no alcanza un total de 8, no generará ciertos beneficios). Supongamos que elige 17 horas. Eso deja 3 horas sin cubrir. Pero para casi nadie será redituable trasladarse a esa institución para dictar sólo 3 horas de clase. El resultado es que esas horas quedarán sin cubrir, y el costo lo pagarán los alumnos.

Que los directores deban asegurar el pleno cumplimiento de los cursos en su centro de estudios es una buena cosa, pero sólo si se agregan dos cambios. El primero es que tengan capacidad de decisión sobre el total de horas y no sólo sobre aquellas que nadie quiere tomar. El segundo es que existan reglas generales que obliguen a elegir por paquetes de horas, de modo de evitar que queden “restos” que no interesan a casi nadie, o que fabrican “profesores golondrina” que saltan de un instituto a otro.

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