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La fragilidad republicana

15/11/2013 Sin Comentarios

Editorial diario El País

La inconstitucionalidad de los tres primeros artículos de la ley sobre liquidación de Pluna confirma un proceso grave y preocupante que vive el país, y cierra un año políticamente muy negativo.

El proceso preocupante refiere al talante del gobierno frenteamplista. Cuando se estudiaron cada una de las leyes que este año fueron declaradas inconstitucionales -ICIR, anulación de la caducidad y Pluna-, importantes juristas y distintos especialistas señalaron en el Parlamento que ellas presentaban serios problemas. Lejos de atender estas opiniones, la mayoría frenteamplista y el gobierno todo prefirió, siempre, echar por delante el criterio presidencial de que “lo político está por encima de lo jurídico” y promulgarlas.

En vez de cuidar la técnica legislativa en el proceso parlamentario y en vez de someterse a la lógica liberal que impone el respeto a la Constitución en los actos de gobierno, el Frente Amplio embistió desde su soberbia mayoritaria. De esta forma forzó el siempre posible conflicto de poderes que es sustancial a la arquitectura institucional republicana. Con su manera de concebir el juego político, terminó dando un lugar protagónico a la Suprema Corte de Justicia en su papel de guardián de la Constitución. En definitiva, la Corte no hizo otra cosa, cada vez, que lo que, razonablemente, distintos especialistas previamente habían anunciado que podía llegar a pasar si se aprobaban las leyes en cuestión.

El año, políticamente muy negativo que vivimos, pasa por la constatación de que se lleva el juego institucional a este desgaste de inevitable enfrentamiento entre poderes, porque el Judicial termina dictaminando en sentido distinto de lo que la mayoría exigua define en el Legislativo. Pero además, el problema es que una vez producida la desavenencia entre esos principales poderes del Estado, la mayoría frenteamplista persiste en contradecir la lógica misma del sistema liberal y republicano de gobierno.

En efecto, diversos actores del Frente Amplio relativizan con convicción populista las decisiones del Poder Judicial con las que están en desacuerdo. La señora del presidente, por ejemplo, y principal senadora del Frente Amplio, así lo hizo cuando la inconstitucionalidad de la ley que pretendió anular la ley de caducidad. Y lo reiteró ahora con la ley de Pluna. A pesar de que el Frente Amplio diga que acepta lo que fije la Justicia, en realidad, entretanto, pone todo su empeño en deslegitimar sus dictámenes: que la Corte asume decisiones “confusas”; que no defiende el “interés general”; que allí “operan intereses políticos”, etc.

En este sentido, el viernes pasado todo el partido de gobierno a través de una resolución de su Mesa Política criticó los procesamientos de los activistas de izquierda que participaron en febrero pasado de la asonada a la Suprema Corte de Justicia por el traslado de un juez de sede penal a sede civil. El Frente Amplio, en su desembozado empeño por deslegitimar la tarea del Poder Judicial, afirmó en este caso que “este tipo de dictámenes podrían llegar a lesionar el legítimo derecho a manifestarse que debe ser garantizado en una sociedad democrática”.

Por un lado, toda la izquierda política imprime este talante antirrepublicano a su tarea. Pero por otro lado, la izquierda sindical también participa activamente en esta deslegitimación de la República. En efecto, los sindicatos de profesores de secundaria hicieron paro en solidaridad con los procesados por la asonada de febrero, y el Pit- Cnt también se solidarizó con ellos.

Con este panorama, ¿cómo esperar que los ciudadanos comprendan y valoren las lógicas republicanas del ejercicio del poder? El resultado de todo esto es, inexorablemente, el debilitamiento de la República. Así, en estos días se conoció una nueva edición del Latinobarómetro que mostró que se ha degradado el estado de nuestra democracia. En la percepción de los uruguayos en los años noventa, el 80% pensaba que ese sistema de gobierno era preferible a cualquier otro. Pero la tendencia de estos últimos años ha sido a la baja, y este año, esa cifra llegó solo al 71%.

Lo que el Frente Amplio no termina de entender es que sin convencimiento republicano y democrático no hay país de primera posible. Implica respetar la Constitución y su separación de poderes. Porque en un país de primera, siempre, lo jurídico está por encima de lo político.

El FA no termina de entender que sin convicción republicana y democrática no hay país de primera posible. En un país de primera, lo jurídico siempre está por encima de lo político.

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