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Los 10 aspectos más cuestionados sobre la planta regasificadora

17/10/2013 Sin Comentarios

Fabián Tiscornia, El País – 17.10.2013

La adjudicación del proyecto, algunos condicionamientos del ganador del llamado a licitación, informes que no se tuvieron en cuenta, presiones a la autoridad ambiental, son algunos de los puntos poco claros del proceso.

1.Garantía estatal para financiar

La empresa encargada de realizar el llamado a licitación para el proyecto, Gas Sayago S.A., opera bajo derecho privado y es propiedad en partes iguales de UTE y Ancap. Es por eso que ambas empresas extendieron una “fianza solidaria” por “todas las obligaciones asumidas por Gas Sayago”. Pero además, el Estado otorgó una “garantía soberana” en caso de que UTE incumpla “cualquiera de las obligaciones garantizadas, según uno de los anexos del contrato al que accedió El País. En ese supuesto, el Estado uruguayo “cumplirá con el pago de las mismas incluyendo pero sin limitación sus intereses (incluidos los moratorios), penalidades, el valor residual, costos razonables, más todos los reajustes legales o convencionales, gastos, comisiones, tributos, indemnizaciones, prestaciones pecuniarias de carácter legal o cualquier otro concepto”, señala el texto. Desde GDF-Suez se argumentó la necesidad de la “garantía soberana” a los efectos de la búsqueda de financiamiento. La necesidad de un aval estatal es cuestionada por empresarios y oposición.

2.¿Hasta qué monto deben responder GDF-Suez y el Estado?

El contrato (al que accedió El País) establece que “cada parte será responsable frente a la otra de cualquier daño causado por el incumplimiento de sus obligaciones conforme a este contrato o derivado de la ejecución del mismo hasta por un monto máximo de US$ 100 millones”. Pese a ello, el documento establece ciertas hipótesis en las que “este límite podrá ser exceptuado”. Si eso ocurre después de la fecha de pre-inicio del proyecto (estimada para el primer semestre de 2014) el Estado deberá pagar el valor residual, que puede exceder largamente los US$ 100 millones. Para GDF-Suez no hay supuestos que le hagan pagar más de US$ 100 millones, que es la garantía que debe poner.

3.GDF-Suez no firma, usa una S.A. local

GDF-Suez presentó su oferta como GDF Suez Energy Latin America Participacoes, sin embargo el contrato lo firmó la empresa constituida en Uruguay, GNL Montevideo S.A. calificada como “filial indirecta” de la primera. Así, ni la empresa originalmente adjudicataria, ni la matriz firman el contrato, ni establecen una fianza solidaria (como si hacen UTE y Ancap por Gas Sayago) por sus obligaciones. El único “respaldo”, es una carta -incluida como uno de los anexos del contrato- en la que “GDF Suez confirma que GNL Montevideo S.A. es una sociedad miembro del grupo GDF Suez”. Sin embargo, al final dice que “esta carta será regida por las leyes de Francia”.

4.S.A. estatal bajo derecho privado (Gas Sayago)

Al hacer el proyecto bajo Gas Sayago S.A. (llamado a licitación, adjudicación, etc.), el Estado tuvo más flexibilidad para contratar estudios, personal técnico, etc. y redujo los tiempos de trámites. Pero, al hacerlo bajo una sociedad anónima de derecho privado no debió pasar por controles como los del Tribunal de Cuentas.

5.Condicionamientos de GDF-Suez

La oferta de GDF-Suez puso varias condiciones al Estado: obtención de la Autorización Ambiental Previa antes de firmar el contrato (luego la cambió y firmó el contrato pero con el compromiso de obtenerla en ciertos plazos), obtención de datos geotécnicos antes de firmar el contrato y que el contrato sea aprobado por “al menos una entidad de financiamiento multilateral” bajo la modalidad de “project finance – non recourse” (la garantía del crédito es la propia obra y la empresa no compromete su patrimonio), según el documento de Gas Sayago que recomendó la adjudicación a GDF-Suez. Otras ofertas, no ponían condiciones.

6.Presiones a la Dinama

Debido a las condicionantes que puso GDF-Suez sobre la obtención de la Autorización Ambiental Previa (AAP), el gobierno quiso apurar los trámites ante la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama). “Desde las instituciones del gobierno nos plantearon que teníamos que resolver las cosas rápido, que eso tenía que estar firmado en tal fecha”, reconoció a El País el domingo pasado, el titular de la Dinama, Jorge Rucks. “Respondimos que no lo íbamos a hacer, que teníamos que cumplir con ciertos requerimientos”, indicó.

Verónica Lara, vocera de la Coordinadora de Vecinos dijo a El País que “Rucks ya nos había dicho antes de la audiencia pública -que se llevó a cabo el pasado lunes 14 en Puntas de Sayago- que estaba convencido de que el proyecto era viable”.

En el contrato, se establece que Gas Sayago deberá obtener “la AAP, antes del 31 de octubre de 2013″. Si eso no ocurre se rediscutirán plazos y precios.

7.Apartamiento al pliego aceptado

En el apartado “Requisitos técnicos particulares” del pliego de licitación señalaba que “se requiere la presentación de ofertas cuya capacidad de almacenamiento sea del orden de 300.000 metros cúbicos”. Sin embargo, la oferta de GDF-Suez -aceptada así por Gas Sayago- fija la capacidad de almacenamiento en la fecha de inicio (prevista para el 15 de Noviembre de 2016) en 263.000 metros cúbicos. Esto hará que Gas Sayago deba traer más embarques de gas licuado en el año (lo que le implicará más costos) que si hubiera mantenido el almacenamiento original.

El pliego preveía un plazo de 15 años para la regasificadora con la sola opción para Gas Sayago de extenderlo por dos períodos de cinco años cada uno. Empero, en el contrato GDF-Suez logró que sea solo por 15 años.

8.Informes que el Estado pidió y no tuvo en cuenta

Previo al llamado y luego de recibir las ofertas, el gobierno encargó varios informes a consultoras internacionales, que luego no tuvo en cuenta.

Uno de ellos, es el de la consultora Foster Wheeler del año 2010 aconsejaba instalar la regasificadora “en una localización distante de la costa”, para “evitar los potenciales impactos de seguridad” sobre la población, “así como el impacto visual”, según publicó el diario El Observador. El director Nacional de Energía, Ramón Méndez dijo a ese medio que el informe en poder del Estado no tiene esas recomendaciones por lo que el que dio el períodico podría estar “adulterado”. Pero, tampoco mostró el supuesto otro informe en manos del Estado. La planta se ubicará a 2,5 kilómetros de la costa, sin tomar en cuenta el informe.

Otro documento es el que elaboró la consultora italiana RINA Group con análisis de las ofertas presentadas. El informe -al que accedió El País- que evalúa las ofertas de GDF-Suez y Höegh, señala que como “ambas parecen no adaptarse a las especificaciones” que había requerido Gas Sayago “RINA sugiere solicitar a los proveedores un paso en las propuestas a fin de demostrar que las plantas son aptas para la finalidad específica solicitada por Gas Sayago y con el fin de comparar la oferta técnica con la económica”. Además para realizar una “comparación consistente y detallada de las dos ofertas”, se debería solicitar a GDF-Suez y Höegh información adicional sobre “rendimientos operativos y limitaciones en los proyectos”.

Este documento está fechado el 13 de mayo. Apenas un día después, Gas Sayago adjudicó la obra a GDF-Suez por considerar que era la única que cumple “en forma general con las expectativas técnicas y comerciales del proyecto”. El propio Méndez reconoció a El País que el informe de RINA no se tuvo en cuenta antes de adjudicar la obra. “Las recomendaciones se tomaron en el momento adecuado. No decía en ningún lugar en el informe de RINA que había que hacerlo antes de una adjudicación”, aseguró.

Pero, el informe sostiene que la información adicional se necesita para comparar ofertas, lo que no se hizo.

9.Se eligió la oferta más cara

Según un informe de Gas Sayago al que accedió El País, el canon total solicitado por Enagás era de US$ 13.351.150 por mes, el de Höegh US$ 14.649.873 y el inicial presentado por GDF-Suez era de US$ 15.498.794. Tras una negociación, finalmente el gobierno logra bajarlo a US$ 14.298.539. Gas Sayago aclaró que “en virtud de la viabilidad técnica de las ofertas recibidas y aclaradas hasta la fecha, solo la de Suez está en condiciones de ser adjudicada. Por lo tanto, la comparación económica se debe utilizar solamente a modo de referencia”.

10.Promesa de pago a pescadores

La vocera de la Coordinadora de Vecinos, dijo que a 50 pescadores artesanales “se les está prometiendo” sin “acuerdo por escrito” el pago de $ 50.000 para que abandonen sus tareas.

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