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Una Ley peligrosa, que ataca la libertad

12/09/2013 Sin Comentarios

Jaime Mario Trobo

El proyecto de ley de Comunicación Audiovisual que trata el Parlamento en estas horas responde a una línea muy acentuada en el gobierno de izquierda, que sublima las regulaciones, y somete a los ciudadanos al control y seguimiento del estado a través de alguna autoridad política.

No es el primer caso de normas legales promovidas, que se aprueban exclusivamente con los votos de los legisladores del gobierno, sustentadas ideológicamente en el programa del partido de gobierno, y que se dirigen contra el capítulo de libertades y derechos de los ciudadanos de la mano de un recurrente voluntarismo.

En el texto legal se encuentran innumerables disposiciones que someten la libertad de expresión y comunicación a los censores de turno, tanto en el contenido de la información difundida, como en la ubicación en el tiempo de emisión. También se practica la determinación de que tipo de contenidos se deben emitir, cuales se deben producir, en definitiva que productos audiovisuales deben ser ofrecidos a los uruguayos. O sea que se controla lo que se emite y se controla lo que se puede ver.

Pero esto ocurre en un tiempo en que las comunicaciones audiovisuales, por sus características y avances tecnológicos, no pueden ser sometidas a una ley de estas características, sin el riesgo de someter a quienes actúan en ese ámbito en nuestro Uruguay deban competir con quienes no les son aplicables estas normas porque producen o emiten en o desde otros territorios. Por lo que el proyecto, si se convierte en ley, someterá a los medios de difusión audiovisual de nuestro país en apéndices de la voluntad de burócratas poseedores de un poder injustificado e inconstitucional. Y ello obviamente no ocurrirá con los medios que llegan desde el exterior con lo que el resultado es que estos últimos estarán notoriamente privilegiados frente a los nacionales.

En nuestra América, en los últimos años, y de la mano de gobernantes de notorio corte autoritario, poseedores de una soberbia fundacional que han denominado el socialismo del siglo XXI, se ha desatado un proceso de acoso y regulación de los medios de comunicación que no lleva otro fin que uniformizar las informaciones que reciben los ciudadanos y prohibirles paso a paso el ejercicio de su libertad de opción. Ello resulta de acciones directas de gobierno sometiendo a los medios al acoso, jugando con la precariedad de sus títulos, dirigiendo ríos de dinero de publicidad oficial con fines cómplices y persiguiendo periodistas y empresas.

En Uruguay, esa película parecía lejana. Máxime cuando el Presidente Mujica se expresaba categóricamente en contra de la existencia de una legislación sobre la prensa en general. Sin embargo, “como te digo una cosa te digo la otra”, estampó su firma en el proyecto a estudio en Diputados, que sometido al análisis de constitucionalidad encabeza el ranking de las que mas gravemente afectan derechos y libertades, de las innumerables leyes cuestionadas en ese sentido.

La gravedad de sus contenidos, la irrealidad del ámbito para que se ha diseñado, el momento político elegido para su análisis y tratamiento, y la peligrosa hilacha que la muestra alineada con la corriente continental de acoso a la libertad de comunicación, expresión e información, deben constituirse en alerta para la ciudadanía. No es como Mujica dice cada tanto “…no pasa nadaaaa….” Si pasa y es muy grave para la vida republicana.

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