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¿Por qué secreto?

02/08/2013 Sin Comentarios

Jaime Mario Trobo

El gobierno a través del Ministerio del Interior, resolvió adquirir un equipamiento de avanzada tecnología para interferir llamadas telefónicas, correos electrónicos y comunicaciones en general. El equipamiento llamado paradójicamente “El Guardián” es ofrecido como un instrumento indispensable para tareas de inteligencia y seguimiento de personas y su tecnología permite realizar una gran cantidad de operaciones de escucha de comunicaciones, lectura de correspondencia por e-mail, mensajes de texto telefónicos, etc. etc.

Pero esa decisión del gobierno del Frente Amplio, fue tomada entre “gallos y medias noches”, con el agravante de “nocturnidad” en la jerga del derecho penal, procurando su secreto, y se constató en documentos que se intentó sustraer del conocimiento público, declarándolos inaccesibles para los ciudadanos. El rétulo de “secreto” en una compra de estas características, en otra época del país hubiese provocado un temporal político impulsado por quienes hoy cometen el acto mencionado.

Es grave, muy grave que el gobierno pretenda esconder a la opinión pública esta decisión, tan grave como la tontería con la que quiso explicar su actitud. El Ministro del Interior explicó que esta tecnología debía poseerse en secreto, porque si no quienes pudieran ser investigados por estos métodos podrían eludirlos. Cree el Ministro que terroristas, mafiosos, narcos ó delincuentes organizados desconocen que existen tecnologías sofisticadas para la tarea policial? Quiere hacer creer el Ministro a los ciudadanos que su injustificado ocultamiento les ofrece a ellos alguna garantía?

Al gobierno del Frente Amplio, especialmente en el Ministerio del Interior le ha atacado una cultura conspirativa, quizás resabio de épocas pretéritas en la vida de sus protagonistas, en cuyo ambiente este hecho es una cuenta mas. Flotas de automóviles de traslado y custodia para Bonomi y Vázquez como nunca antes se había visto desde la época de la dictadura, vehículos blindados, propiedades inmuebles para los jerarcas adquiridas con créditos especiales, armamento y equipamiento de guerra para unidades militarizadas respecto de las cuales la tradicional Guardia Republicana que conocimos parece un chiste. Vehículos de patrullaje bloqueados para custodia exclusiva de los jerarcas del Ministerio. En fin los derroches presupuestales y los excesos de las medidas y equipamientos de seguridad de la cúpula del Ministerio del Interior le daría envidia a Bolentini y sus sucesores durante la dictadura.

Y como si esto fuera poco, todo lo que allí ocurre pretenden mantenerlo bajo riguroso secreto, en el que se encubren indiscriminadamente cualquier tipo de decisión, para lo que han declarado bajo el titulo de “reservada” cualquier información que se vincule con el Ministerio, amparándose injustificadamente en las excepciones de la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública (art. 9 de la Ley 18381)

El caso de la compra secreta de “El Guardian”, tiene un perfil muy delicado. En nuestro Uruguay la privacidad e inviolabilidad de las comunicaciones de todo tipo está garantizada por la Constitución en su art. 281, y cualquier posibilidad de que esto ocurra, no sólo debe estar sujeta estrictamente a la ley que lo habilita, por razones de interés general, sino que precedida por una autorización expresa de la justicia con claro y estricto alcance de la medida.

Esta capacidad tecnológica, la ciudadanía debe conocerla, precisamente por la gravedad que supone la decisión de utilizarla. Deben saber los ciudadanos como nuestras fuerzas de seguridad están preparadas para enfrentar ciertos delitos sofisticados, pero debe saber también fehacientemente que “El Guardián” está bien custodiado, su utilización adecuadamente protocolizada y es imposible su utilización inescrupulosa o indiscriminada.

Por estas razones, mucho antes de estas revelaciones, habíamos convocado al Ministro del Interior en Octubre de 2012. En aquella ocasión no nos quiso decir nada, ahora tendrá que volver a explicar la decisión de compra, el impulso de secretismo, y las garantías que ofrece para su utilización respetuosa de las garantías que la Constitución ofrece a los ciudadanos.

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