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De las Comisiones Investigadoras y el Frente Amplio

02/08/2013 Sin Comentarios

Nicolás Martinelli

Al amparo del Artículo 120 de la Constitución de la República, las “Cámaras podrán nombrar comisiones parlamentarias de investigación o para suministrar datos con fines legislativos”

Este artículo constitucional es luego reglamentado por la Ley 16.698 de 25 de abril de 1995 el cual dispone en su artículo 2º que dichas Comisiones serán de cuatro clases: A) Permanentes; B)Especiales; C) De investigación y D) Para suministrar datos con fines legislativos.

Interesa en esta oportunidad ahondar en las Comisiones con fines de Investigación, es decir aquellas que proceden “cuando en las situaciones o asuntos a investigar se haya denunciado con fundamento la existencia de irregularidades o ilicitudes”.

En este sentido, el artículo 10 de la citada ley, establece que toda Comisión Investigadora deberá en primer lugar “ser precedida del nombramiento de una Comisión Preinvestigadora, cuya integración será determinada por el Presidente del Cuerpo de que se trate, cuidando que estén representados en lo posible, todos los partidos políticos que integran el Cuerpo”.

Aquí nos detenemos un instante para señalar la importancia que tiene que la Comisión este en lo “posible” integrada por todos los partidos políticos que integren la Cámara (actualmente son cuatro). Tal es así que el artículo 11 vuelve a hacer hincapié en esta sugerencia cuando refiere a la integración de la Comisión Investigadora. La razón de ser de esta recomendación radica nada más y nada menos que en evitar un bloqueo político que obstruya mediante una mayoría parlamentaria la posibilidad de una investigación.

Pueden ser objeto de una investigación toda actividad administrativa del Poder Ejecutivo incluso la desarrollada en cumplimiento de un acto de gobierno, las presuntas irregularidades o ilicitudes cometidas por los Magistrados del Poder Judicial y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo a los solos efectos de asesorar a la Cámara, las actividad de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados, del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral.

Al ser este uno de los mecanismos de contralor con que cuenta el Poder Legislativo, el universo de entidades a controlar es amplio e inclusive ya no bajo la modalidad de una Comisión Investigadora pero si bajo la modalidad de suministrar datos legislativos podrá “analizar situaciones o actividades de carácter privado que, por su relevancia, afecten el interés general”.

Por último cabe mencionar que si de la investigación resultare la presunción de la existencia de delitos la Comisión deberá aconsejar el envío de los antecedentes a la Justicia Penal.

Ahora bien, desde que el Frente Amplio asumió el Gobierno en el año 2005 y como consecuencia de su mayoría parlamentaria, las posibilidades de creación de una Comisión Investigadora como herramienta para esclarecer ciertos hechos presuntamente ilícitos han naufragada de forma permanente.

Es condición sine qua non para crear una Comisión Investigadora que primero sea creada una Comisiones Preinvestigadoras que de acuerdo a lo que dispone el artículo 117 del Reglamento de la Cámara de Representantes, éstas deberán estar compuestas por tres miembros.

Si nos ciñéramos al espíritu de lo que establecen los artículos 10 y 11 de la Ley 16.698, correspondería -al menos éticamente- que dicha integración fuera conformada por un miembro de cada partido, pero la solución ha sido otra y en la actualidad esas Preinvestigadoras se componen con dos miembros del oficialismo y uno de la oposición. Por lo tanto difícilmente los legisladores del Frente Amplio presten su voto para investigar temas que puedan desnudar hechos de corrupción de su propio Gobierno.

Lo que resulta más complejo de entender, al menos para quien tiene la conciencia limpia, es el motivo por el cual aquel que está presuntamente libre de culpa y es víctima de una acusación en su contra, se niegue a ser investigado. Creo, quizás me equivoque, que la reacción natural de todo inculpado es demostrar su inocencia. Nada mejor para eso que una investigación que esclarezca responsabilidades y eventualmente determine su inocencia.

En términos políticos aceptar conformar una Comisión Investigadora significa saber que las cosas se hicieron de forma transparente, que hay una buena gestión y que al concluir la investigación quien pagara el costo político será la contraparte.

Sin embargo cada vez que el Frente Amplio se niega a instalar una Comisión Investigadora no hace otra cosa que reconocer que algo anda mal y se esconde detrás de su mayoría parlamentaria para evitar controles y la puesta en escena de un escándalo producto de su mala gestión.

Ejemplos de solicitudes para conformar Comisiones Investigadores que no han prosperado es lo que sobran, solo basta repasar alguna de ellas para saber que en todas algo olió a podrido. (Casinos-Bengoa año 2007; Nicolini año 2007; ASSE-Maciel año 2011 y Pluna año 2012).

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