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Más que una anécdota

12/07/2013 Sin Comentarios

Pablo Da Silveira, diario El País – 12.07.2013

El episodio de los psicólogos “ñoquis” ha sido objeto de mucha atención en los últimos días y ha generado alguna incomodidad a quienes piden más dinero para la enseñanza.

Los datos básicos son bien conocidos. La ANEP (es decir, el ente autónomo que gobierna la enseñanza pública no universitaria) cuenta con una unidad centralizada que se dedica a estudiar casos de alumnos con dislexia y otras dificultades de aprendizaje. La UDI, como se la llama en la jerga burocrática (acrónimo de Unidad de Diagnóstico Integral), cuenta con una docena de psiquiatras y psicólogos cuya tarea consiste en diagnosticar casos que les son enviados desde los centros educativos y decidir si corresponde tomar medidas especiales.

Hace algunos días, el diario El Observador reveló que varios de los profesionales que integran la unidad llegaban de mañana para marcar tarjeta, se iban pocos minutos después para cumplir otros compromisos laborales y volvían de tarde para marcar su supuesta salida. Se trata del típico caso de los “ñoquis”, que sólo aparecen los 29 para cobrar. En los días siguientes, el Codicen inició una investigación administrativa que concluyó en la separación del cargo a tres profesionales, incluido el director de la unidad.

Pero el diario denunciante sostiene que al menos seis miembros de la UDI incurrían en la misma irregularidad. El hecho es lamentable en sí mismo, pero además es un síntoma de muchas cosas que andan mal. Por eso sería un error reducirlo a simple anécdota.

La historia de la UDI es una confirmación de lo que tiende a ocurrir cuando un sistema educativo es dominado por la burocracia, el centralismo y la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas. La UDI es una unidad centralizada a la que llegan alumnos de todas partes. Ninguno de los profesionales que los examina conoce su contexto de origen ni tiene un contacto regular con el centro donde estudia. Tampoco van a estar al tanto de lo que ocurra en el futuro con cada uno de esos chicos.

Los docentes que se ocupan de ellos a diario no cuentan con apoyo psicopedagógico en el propio centro de estudios. Deben entonces delegarlos a unos profesionales a los que no conocen, que están demasiado lejos y no tienen muchas razones para involucrarse. Este tratamiento impersonal y burocrático hace inevitable que cada “caso” se convierta en un mero expediente.

Para completar, la UDI no rinde cuentas a nadie. Los centros educativos no tienen mecanismos para seleccionar a los profesionales con los que prefieren trabajar ni tampoco pueden evaluarlos. Se supone que el Codicen debe hacerlo, pero ese órgano tiene demasiadas tareas y muy pocos motivos para encarar esa batalla.

Hoy se sabe que existían denuncias al menos desde el año 2011, pero nadie tomó ninguna decisión antes de que interviniera la prensa. Durante todo este tiempo, los costos los pagaron miles de alumnos, muchos de ellos con dificultades severas. Hay una alta probabilidad de que la triste historia de la UDI se repita. Y la manera de combatir este riesgo es cambiar las reglas de funcionamiento. Las cosas andarían mejor si los profesionales que dan apoyo psicopedagógico estuvieran asociados a centros específicos e interactuaran con sus alumnos y docentes.

Eso los obligaría a salir de una cómoda oficina y a responsabilizarse de los resultados. Puede que sea más caro, pero no tanto como pagar “ñoquis”.

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