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A 40 años del Quiebre Institucional del 73

27/06/2013 Sin Comentarios

Jaime Trobo

Siento un gran compromiso y una gran responsabilidad al hacer uso de la palabra en la Asamblea General en esta instancia tan importante. Quiero expresar mi gratitud a los compañeros Legisladores del Partido Nacional que acordaron designarme para representar a nuestra colectividad.

La histórica corriente política del Partido Nacional, el partido de la Libertad, el partido del Estado de Derecho, el partido Defensor de las Leyes, el partido de la lucha por la coparticipación y la representación de las minorías, el partido de la justicia social, el partido que actuó contra la discriminación, el partido cuyos lideres y cuadros supieron ofrecer la vida por la pureza del sufragio, el partido que se declaró como el enemigo irreconciliable de la dictadura y que se prodigó en esfuerzos para lograr su derrota.

El partido que no vacilo en ofrecer todos sus esfuerzos, aún los mas comprometidos y difíciles para construir la reconciliación nacional y la pacificación, luego de los años de desencuentro y violencia que transcurrieron en la década lo los setenta. El Partido que le rechinó el método practicado para la salida de la dictadura, en el que se admitieron condicionamientos a ciudadanos que como Wilson Ferreira contaban con indiscutibles credenciales de lealtad a la patria, y sin embargo no hizo caudal de su ofensa poniendo piedras en el camino de la frágil e incipiente democracia.

La Asamblea General ha resuelto conmemorar este 27 de junio, a cuarenta años de los hechos del 73 y mas precisamente en la fecha de la intervención y disolución por la fuerza del Parlamento, instancia en la que se configuró la violación constitucional, la ruptura institucional, el golpe de estado que resultó de una deriva de graves tensiones políticas a las que fue sometido el Uruguay por mas de una década.

Realizar esta sesión, fue una iniciativa del Partido Nacional, e invitamos a firmar la moción de convocatoria a todos los Partidos, por la significación nacional de esta instancia y por el contenido de compromiso con la protección de las instituciones que entraña su realización. Y en esta instancia la responsabilidad política, supone asumir voluntaria y responsablemente el mandato de comprometerse a que deben desterrarse y combatirse todas las acciones y decisiones que se asumen despreciando eludiendo el mandato de la constitución y los frenos que la misma contiene a la tentación autoritaria.

Es un imperativo democrático y republicano, que los hombres públicos, los partidos políticos, los funcionarios del estado, los que custodian las armas de la patria, los líderes empresariales y sindicales, los influyentes comunicadores y medios, los que enseñan y forman a las nuevas generaciones, en fin todos los ciudadanos, asumamos la importancia de nuestra adhesión a los principios de la Sección II, Capítulo I “Derechos, Deberes y Garantías” de nuestra Constitución.

Y esa adhesión no debe quedar circunscripta a la declamación sino que debe formar parte de la conducta. Sólo la práctica de las virtudes ciudadanas que ilumina esta declaración, es la garantía de fortaleza e inviolabilidad del sistema de convivencia republicano y democrático cuya falta en aquel momento hoy rememoramos con rebeldía.

En la conducta de respeto al contrato constitucional de los hombres, radica la virtud de sostener las instituciones o de sufrir su debilidad.

Como expresaba nuestro prócer el 5 de abril de 1813

“Estamos aún bajo la fe de los hombres y no aparecen las seguridades del contrato. Todo extremo envuelve fatalidad: por eso una confianza desmedida sofocaría los mejores planes; ¿pero es acaso menos temible un exceso de confianza? Toda clase de precaución debe prodigarse cuando se trata de fijar nuestro destino. Es muy veleidosa la probidad de los hombres; sólo el freno de la constitución puede afirmarla”.

Los hechos de 1973, sus antecedentes y sus consecuencias forman parte de nuestra historia, no podemos desmentirla, pero sí es posible y necesario analizarla en profundidad porque en sus entrañas encontraremos seguramente muchos hitos y circunstancias que sin pretenderlo quizás, contribuyeron al proceso que concluyó en la ruptura institucional.

Radicalismos, debilidades, construcciones ideológicas cargadas de soberbia e intransigencia, frivolidad, desprecio por la opinión ajena y una persistente y corrosiva inocencia ciudadana, fueron ambientando un clima en el que los demonios del autoritarismo se desataron con inigualable fuerza. El resultado de la pendiente de los valores democráticos ofreció nuestra convivencia serena y confiada a un modelo de triunfadores y derrotados que costó muchos años desterrar.

El desprecio por las libertades formales, burguesas para unos, sustituibles o hipotecables para otros, sufre un proceso largo que se revela por los sesenta. La pérdida de referencias democráticas alimenta los radicalismos y su eficacia demoledora los retroalimenta.

Por que encuentran razones y justificativos quienes se han convencido de imponer sus ideas por la fuerza? Porque al superar el límite ético de la conducta democrática, el fin justifica los medios y el voluntarismo no repara en la legalidad para conseguir sus fines.

En Uruguay se mostraba como un país abierto, tolerante a las distintas ideas, integrado socialmente, con dificultades por cierto, pero con mecanismos de amortiguación de conflictos comprendidos por las grandes mayorías, en que variadas corrientes políticas se expresaban electoralmente y la opinión se manifestaba en una prensa escrita, entonces dominante como medio de comunicación, de indudable pluralidad y variados perfiles.

En aquel Uruguay de la década del 60 todos, absolutamente todos los que quisieran expresaban su opinión sin cortapisa alguna. Esa apertura era sin duda una fortaleza de la que debemos sentirnos hoy orgullosos, por mas que algunos se empeñen en identificarle carencias. El Partido Nacional gobernó por mandato popular desde 1959 hasta 1966, sus períodos fueron épocas de respecto escrupuloso de la constitución y la ley, y las garantías a los ciudadanos fueron aseguradas permanentemente. Y no será porque no hayan ocurrido en aquella época hechos y anuncios de gravedad que precedieron la violencia radical que se desarrolló más adelante.

Nuestro Uruguay, inserto en un contexto regional complejo, sobre el que operaban tensiones derivadas de la guerra fría, la confrontación de los bloques que resultaron de la segunda guerra, la implantación progresiva de un modelo autoritario que fue orientándose hacia la ideología marxista como el de la Revolución Cubana, su influencia en las corrientes de izquierda y la proyección de su romántica imagen en otras por un lado, comenzó a ofrecer debilidades. La incipiente doctrina de la seguridad nacional, estimulada por agencias de los EEUU fueron completando el cuadro de las tensiones. Y esa confrontación, ajena a nuestra realidad, encontró un campo fértil en una sociedad tolerante que no advirtió a tiempo la trágica deriva que recorría.

Esa marcha en la que fueron tomando protagonismo quienes se escudaban en su radicalismo le costó al Uruguay mucho dolor. En épocas de vigencia de las instituciones, éstas eran objeto permanente de ataques y el desgaste de su vigor terminó a la larga resultando catastrófico.

Hoy estamos conmemorando los hechos del 27 de junio de 1973, que constituyen un hito doloroso de nuestra historia. Pero es imposible referirnos a ellos como una fotografía, cuando la secuencia de episodios anteriores fueron dando marco a este evento. El país había asistido a una guerra, promovida por quienes creyeron justificar la violencia en la pretendida bondad de sus objetivos. El calendario fija indiscutidamente esos episodios en un período de plena vigencia de las instituciones, aunque se pretenda reescribir la realidad y darle otra versión.

Y hoy a cuarenta años del quiebre que tanto costó a nuestro Uruguay, no podemos derivar en una complaciente aceptación de que los hechos ocurrieron sin una causalidad o lo que es tan grave aún admitir una versión miope de la historia, en la que se trasmutan los roles, se construye una historiografía que exime de responsabilidad, a todos o a algunos de quienes despreciaron la tolerancia imprescindible para sostener una sociedad democrática, socialmente armónica y respetuosa de libertades, derechos y cumplimiento de obligaciones.

El 27 de Junio, vino precedido por una larga lista de eventos, en los que no faltaron inclusive la complacencia de grupos y sectores aparentemente antagónicos con los golpistas, con sus ideas o proclamas, que estimularon la motivación de quienes creían justificado el apartarse de la lógica institucional.

Violencia armada, despreciando los canales de práctica democrática y hesitando el uso legítimo de la fuerza como justificada reacción, sometían a la ciudadanía a un estado de sitio.

Desobediencia militar estimulada por sectores tolerantes de derecha, y por ansiedades programáticas de cierta izquierda.

Debilidad institucional representada en un Presidente sin liderazgo ni respaldo político activo, que reveló con el tiempo que profesaba ideas autoritarias y planeaba trasnochadas formas de organización institucional ajenas a nuestra cultura política, nuestra identidad y nuestra historia.

Una sociedad desorientada y acosada en medio de la confrontación y con poca capacidad de reacción.

Un liderazgo político enfrentado a una realidad inédita que superaría los códigos civilistas de la cultura política oriental, y cuyos resultados quizás no eran previsibles en el grado y la gravedad que ocurrieron.

Luego de la disolución del Parlamento, de la operación de sometimiento de los poderes independientes, de la censura y las restricciones a la libertad de expresión, de la violación de los derechos de los ciudadanos, el camino sería largo y difícil. La dictadura se auto asignó un rol refundador y ejercitó el manejo de los asuntos públicos reservados a una representación legítima de la ciudadanía, con absoluto descontrol y falta de garantías.

Los resultados de su gestión claro que estuvieron muy alejados de los enunciados, y el país se estancó y atrasó. Escondió en sus entrañas violaciones a los derechos humanos, a la vida, a la personalidad de víctimas, al ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos, con un saldo doloroso para todos los orientales. Tortura, desaparición, asesinatos, ejecuciones, atentados terroristas homicidas, consecuencias gravísimas de la pérdida de referencias que manchan nuestra historia.

11 años es mucho tiempo en la vida de una nación joven como la nuestra y ese tiempo no se recupera sin un compromiso intenso con los valores republicanos y la práctica democrática, así como con un relato honesto y equilibrado de aquellas vivencias dolorosas para todos. Tampoco se recupera alimentando demonios o proscribiendo a quienes tienen derecho a participar activamente del proyecto colectivo.

Si hoy debemos expresar un sentimiento y un compromiso, en este magnífico ámbito de la representación popular que es la Asamblea General, en ocasión de la conmemoración de los episodios del 27 de junio de 1973, ejemplificados en el ataque y violación del Parlamento, este es el de ofrecer y reclamar para la verdad y hacia el futuro una reseña histórica que alimente y no envenene a las nuevas generaciones. Este debe constituir un propósito patriótico y un responsable ejercicio del liderazgo que desde la política con honestidad debe practicarse.

Desde las horas previas a la afrenta al Parlamento, el Partido Nacional por la voz de su principal líder Wilson Ferreira Aldunate, dejó en claro desde donde la colectividad de los “defensores de las leyes” se iba a plantar frente al agravio y los agresores como un enemigo irreconciliable. Y así fue, durante los once años el Partido Nacional sostuvo la bandera de la libertad aquí en nuestra tierra y en el exterior. Compartimos con orientales de otras corrientes y tendencias el anhelo de la reconstrucción democrática y no ofrecimos concesiones para lograr ese objetivo, en ninguna circunstancia.

En estas circunstancias, y en este ámbito, expresamos en nombre del Partido Nacional, desde las entrañas de nuestros principios libertarios, nuestro propósito de contribuir cuando sea necesario, con la paz y la felicidad de nuestro pueblo, sin la más mínima concesión a los radicalismos iluminados, los fanatismos excluyentes, las visiones parciales y los intereses sectoriales.

Somos poseedores de un espíritu conciliador, y de una irrenunciable rebeldía en defensa de la libertad y la constitución. Sabemos que es posible la tan ansiada justicia social respetando escrupulosamente las libertades. No concedemos a ningún iluminismo el beneficio de degradar la autonomía de los individuos. El 27 de Junio es historia, pero su dura enseñanza nos obliga y nos compromete.

En el mundo, entre aquella época y la actual han ocurrido muchas transformaciones, profundos cambios, se han caído paradigmas, se han superado dogmas, y también esto ha repercutido en nuestro Uruguay. Han fracasado estrepitosamente los experimentos del socialismo real, los ímpetus de las doctrinas de la seguridad nacional, los populismos autoritarios disfrazados de progresismo.

Se han abierto cauces profundos en la protección de los derechos humanos, se ha verificado un mayor acceso a la prosperidad aunque queda mucho por recorrer, se ha producido un progresivo empoderamiento de la ciudadanía para controlar el buen funcionamiento de las instituciones, vivimos una realidad mas transparente.

En este marco, los partidos políticos como vehículos de opinión pública y contendores por el ejercicio legítimo del gobierno en sus diferentes instancias, tienen la responsabilidad agregada de fortalecerse, democratizarse y abrir sus estructuras al interés ciudadano de participación. También el golpe del 73 fue contra sus organizaciones y sus liderazgos y no olvidemos que en sus mentores había quienes intentaron borrarlos de la realidad.

Pero la constante entre aquella época y esta y seguramente la del futuro es la necesidad de trabajar incansablemente por el fortalecimiento de la democracia liberal, el teatro en el cual todas las ideas, todos los proyectos pueden discutirse y plebiscitarse ante el soberano, el pueblo.

Ejercer la ciudadanía responsablemente, asumir los liderazgos comprometidos con la libertad y la tolerancia, despreciar la imposición de ideas o proyectos transgrediendo las reglas de convivencia democrática y respeto institucional, admitir con satisfacción y orgullo la majestad de la constitución, son las únicas armas que servirán adecuadamente a fortalecer a nuestro Uruguay.

La enseñanza que recogemos del recuerdo traumático del pasado, nos obliga a entregar a las nuevas generaciones de orientales una institucionalidad vigorosa, una democracia consolidada y el respeto por las libertades de los individuos, sin vacilaciones.

Viva la Constitución

Viva la República

Viva la Patria

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