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Basta de parches y ataditos con alambre

14/06/2013 1 Comentario

Jimena Olascoaga Pritsch

Este 23 de junio se realizará en nuestro país una consulta popular, un acto de adhesión voluntario para habilitar el referéndum contra la ley Nº 18.987 de interrupción voluntaria del embarazo.

Para quien como en mi caso, es militante de la equidad de género, es una cuestión harto difícil pero bastante sencilla si se hace un examen de conciencia y se analizan las razones y argumentos de ambas posturas.

Las mujeres en nuestro país somos víctimas de una violencia de género y sexual flagrante, tema que es necesario y urgente de poner en la agenda.

Soy defensora a ultranza del derecho de las mujeres y de las personas en general de decidir sobre su cuerpo, pero todo derecho tiene como contraposición una responsabilidad, generalmente esto implica no generar un daño mayor a terceros haciendo abuso de estos derechos (existe el abuso de derecho en ciertas circunstancias).

Para que una persona sea libre, primero debe estar instruida y educada con respecto a aquello en lo que va a decidir. Sin esta educación no podemos afirmar que la elección, decisión, sea realmente libre.

La libertad es un derecho humano indispensable, únicamente equiparable a la vida, incluso en ciertas circunstancias excepcionales puede llegar a primarle, ya que es válido pensar que una vida sin libertad no vale la pena ser vivida, porque la libertad no nos hace mejores humanos sino que simplemente nos hace humanos, es condición intrínseca.

El ejercicio de la libertad conlleva a su vez una responsabilidad, como contracara propia de todo derecho. Esto es, que quien en el ejercicio legitimo de su libertad toma una decisión, opta por algo, o ejecuta su derecho de cualquier modo, debe necesariamente hacerse responsable de todo consecuencia que su accionar acarré. Si bien en nuestro derecho existen responsabilidades objetivas, discutibles o no, las subjetivas son las que deben de reafirmarse aun más en el ideario colectivo. Quien actuó a conciencia y con voluntad debe hacerse cargo de las consecuencias de dicho accionar.

La cuestión radica en que, para que una persona sea libre no basta con que una ley lo diga, no basta con la mera garantía legal del goce de la libertad. La libertad si bien es intrínseca necesita ser nutrida, primordialmente con la educación, es mediante la formación integral, la adquisición no sesgada de conocimientos, información e ideas.

La educación la podemos entender a su vez como un proceso de socialización de las personas a través del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas con un fin social. Pero el valor primordial que la educación le aporta a la condición humana es el de pensar, el ser crítico, el poder de ser y conocer. En definitiva, educar a un ser humano es empoderarlo.

Aquí es donde tenemos una delicada encrucijada y es en donde terminamos fracasando como sociedad. Primero porque tendemos a confundir educar con simplemente enseñar, la enseñanza es la transmisión de conocimientos, la educación implica algo más, conlleva formar al individuo, crítico, independiente y así consolidar su libertad. Segundo y muy tristemente, confundimos -a veces adrede por diversas razones- enseñanza con alfabetización. Pero en tercer lugar y aun más triste es que en tres millones de habitantes nos damos el “lujo” de tener analfabetos y así sean los menos, eso es simplemente criminal.

No solo tenemos problemas terminológicos sino que mayormente padecemos de una inoperancia crónica de las “buenas intenciones”, fallas en la ejecución y distorsiones de las que está plagado nuestro sistema normativo con respecto a la educación en general.

El área de la salud sexual y reproductiva no solo no es ajena a la problemática de la educación en general sino que probablemente sea, en nuestro país al menos, en donde nos hemos quedado en lo programático y olvidado infamemente lo pragmático, inoperantes en la ejecución de buenas intenciones aisladas pero sin los respaldos políticos necesarios.

Pero aun peor, es que el nivel del debate público que se ha dado, en comparación con otros temas de la cuestión de la educación, ha sido paupérrimo. Confundiendo el tema con otros más “mediatizados” o “marketineros” como los llaman algunos, como el aborto o interrupción voluntaria del embarazo, que si bien tienen mucho que ver no son la misma cosa.

La educación sexual y reproductiva es la herramienta por excelencia que tenemos las personas (todas) de ser verdaderamente libres en el pleno desarrollo de nuestra vida sexual y reproductiva. Y es esta libertad consagrada en nuestro sistema jurídico la que flagrantemente no estamos garantizando en la realidad.

La ley 18.426 que según reza es para defender el derecho a la salud sexual y reproductiva, no es más que una enumeración bastante abstracta de “buenas intenciones”, que con cierto cinismo se clasifican en objetivos generales y objetivos específicos.

En su primer artículo le “consagra una obligación abstracta” al Estado que en realidad no aporta mucho a las obligaciones que el Estado tiene ya en la propia Constitución, pero si se quiere explicita decorativamente y re afirma la obligación de este ya que la ley emana del Poder Legislativo, es decir del propio Estado.

En los 7 artículos restantes casi en su totalidad, con excepción del artículo 7 que incorpora al código de la niñez y la adolescencia la tutela del derecho del menor de acceder a información y el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluso ofreciendo un mecanismo -en realidad ya existente- de resolución del conflicto entre el menor y los padres por vías judiciales cuando exista riesgo grave para la salud del menor, no hay más que expresiones de deseo que no generan obligaciones especificas. Nada de lo que consagra la ley habilita a que el ciudadano pueda reclamar su debida ejecución por parte del Estado, ya que son meros objetivos abstractos y no obligaciones específicas.

Igualmente que exista la ley- si bien pobre en técnica legislativa- en el fondo de la cuestión no es algo menor. Ya por el simple hecho de existir y versar sobre este tema que ha sido “evitado” por largos años es sumamente valiosa. Si le sumamos a ello que contiene en sus objetivos una mirada de género que se nota incluso en la terminología utilizada, se la puede valorizar no aisladamente sino comprendida en corpus iure del Uruguay. Es un primer paso, un gran primer paso, pero no nos debemos quedar en ella y se debe profundizar, mejorar y ejecutar debidamente la materia regulada. Esto conlleva un debido control, aérea en donde normalmente fallamos sistémicamente.

Esta falencia del sistema terminó en una “victoria simbólica” de la lucha feminista por una mayor libertad es igualdad plasmada en la ley Nº 18.987. Que en realidad no es más que un parche al problema de fondo.

La cuestión que me ha tocado debatir es la respuesta al “¿y mientras?” que resuena cada vez que nos ponemos de acuerdo que el problema de fondo es de educación y que esto va a llevar sus años en dar frutos.

Mi respuesta básica es BASTA DE PARCHES Y ATAR LAS COSAS CON ALAMBRES, esta ley no resuelve el problema, no hubo una victoria en la lucha por los derechos de la mujer es un paliativo mediocre a la situación. Y MIENTRAS NO ESTAMOS HACIENDO NADA. Porque cada vez que emparchamos nos quedamos contentos y nos regocijamos en el parche, posponiendo las acciones que nos competen como sociedad y especialmente como actores políticos.

En cuanto al tema de fondo de la interrupción voluntaria del embarazo.

Es cierto que el sistema anterior era vetusto, pero la ley nueva no es una solución y de hecho es un hibrido fruto de negociaciones de último momento para conseguir votos, emparchada y recauchutada en sala. Un mamarracho jurídico que además tampoco es buena en el fondo y si somos sinceros, más allá de la victoria simbólica NO DEJO CONTENTO A NADIE, porque sabemos que es peor que mediocre como ley.

Estoy convencida, que realmente la vida humana surge en la concepción viable o anidación (no estoy en contra, por ejemplo, de la pastilla del día después, porque actúa generando condiciones de inviabilidad) y que el número de abortos no se va a incrementar por la aprobación de la ley. El que crea que es una situación “placentera” o poco nociva para la mujer no merece más que el calificativo de idiota (con el perdón de los idiotas).

Y si no estuviese convencida de que la vida surge en ese momento, y que por lo tanto como vida humana es sujeto de derecho y es titular de derechos inalienables, existiendo así sea la duda de que esto sea así, opto por la postura garantista. Esta es, cabiendo la posibilidad de que exista vida opto por protegerla, si me equivoco pensando que no hay vida y en realidad hay, estoy desamparando un ser humano. Y prefiero no correr ese riesgo, como también prefiero 100 culpable fuera que un inocente adentro, las garantías jurídicas deben estar dadas siempre para tutelar los derechos humanos, fundamentales.

Abortar, para cualquier mujer, es una experiencia de vida traumática, hay quienes la llevan mejor que otras, pero no podemos negar que es algo que no es deseado por nadie en su sano juicio.

Tampoco se puede decir que las mujeres utilizarán el aborto como medio anti conceptivo “por excelencia” porque es más fácil, quienes afirman eso entran en la misma categoría de idiotas que mencioné anteriormente.

Pero si existe una colisión entre el derecho a la vida del no nacido y a la libertad de la mujer de decidir sobre si quiere o no ser madre. La cuestión radica en la ponderación de estos derechos. El método ponderativo intenta no excluir de la cuestión ninguno, tratando de arribar a la solución más justa para los sujetos (de derecho) involucrados.

En algunos casos primará la vida, y en otros la libertad. Dependerá de las circunstancias del caso concreto a analizarse. Porque el fundamento de los derechos humano es la dignidad humana, y si anulamos el derecho a la vida por ser “dependiente” lejos estamos de ser dignos seres humanos.

En cuanto al referéndum y el acto de adhesión, no creo que se pueda aplicar la regla de las mayorías al derecho a vivir. Si soy coherente con mi pensamiento, un embrión implantado viable es una vida y su posibilidad de nacer no puede estar sujeta al voto popular, de la misma forma que la esclavitud, la pena de muerte, etc.

Tampoco estoy convencida de que derogar esta ley nos lleve a una situación más justa, al retrotraernos a lo que ya teníamos, por lo que ya expliqué.

Creo que el aborto es un crimen, porque implica la eliminación de una vida humana. Creo que todos los que se involucren en un aborto deben ser penalizados de acuerdo a lo mismo que se haría con quienes se involucren en el asesinato de un niño con un par de días de nacido. Y el Estado no puede ser indiferente o adoptar una postura en la que “esté bien” matar en términos generales solo porque la vida de ese sujeto es dependiente. Si existen causales en las que matar es aceptado, no es penado o no está tipificado y de eso existen muchos ejemplos en nuestro sistema jurídico y en el orden internacional.

Pero el derecho penal, de última ratio, también es axiológico y al despenalizar absolutamente una conducta es decir que esa conducta es buena, deseable o al menos no indeseable. Mediante el derecho penal el Estado desmotiva o alienta comportamientos de la sociedad que ordena, por eso se debe ser muy cuidadoso con lo que se penaliza y con lo que se des penaliza más aun.

Las embarazadas muchas veces son tan víctimas de la situación como los no nacidos, por lo que penarlas objetivamente sería absurdo, aunque hay caso en los que existe reincidencia en un sujeto que se lo puedo calificar especialmente, por ejemplo que revista ciertas características educativas en los que se determine que su decisión es fruto del ejercicio pleno de su libertad e irresponsabilidad sexual y cuando tuvo al alcance métodos fehaciente para evitar el resultado.

Pero los médicos que lucran con situaciones como estas, los que paguen por el aborto, los que lo faciliten, los que lo instiguen, los que lo promuevan y los que ejerzan violencia moral sobre la mujer para que aborte, deben ser penalizados duramente. Para también garantir el derecho a la maternidad que tiene toda mujer.

Debe existir un marco jurídico que ampare el legítimo derecho de una mujer a no querer tener un hijo. Como también uno que facilite a la mujer desamparada a ser madre, cuando su entorno le da la espalda, el Estado debe ser su apoyo efectivo para que la decisión sea tomada con conciencia y voluntad y no porque sea su “única opción” ante el desamparo.

Hay que mejorar la ley de adopción, extendiendo a los padres putativos la misma presunción de “buenos progenitores” que se asume para los padres naturales. Garantizando los derechos de los padres adoptivos que están sumamente desprotegidos en el sistema actual. Deberían existir muchos más mecanismos legales para proteger la familia y la viabilidad de la misma. Deberíamos cuestionarnos el “alquiler de vientre” o situaciones similares en donde mujeres con embarazos no deseados son mantenidas por los futuros adoptantes y llevan su embarazo en situaciones sanitarias y de contención.

Hay que mejorar la atención de nuestros profesionales de la salud, la violencia en el parto es una alarma que encendió Amnistía Internacional y que no le hemos dado la atención que merece.

Concluyendo, voy a votar en 23 no porque crea que las mujeres que optan por interrumpir su embarazo sean criminales, ni porque no tenga conciencia de género (que la tengo). Voy a votar porque si bien no creo que los derechos humanos sean plebicitable, no podemos cercenar derechos humanos solo por “mayorías” pero tampoco el parlamento puede cercenarlos en un abuso de sus funciones legislativas.

Y entre que decidan los muchachos que tenemos en las cámaras y que en ciertas aéreas de los derechos dejan mucho que desear como representantes de la población y que decida la gente. Me quedo con la gente. Hago un voto de fe en la gente, los buenos muchachos que tenemos en el parlamento son los mismos que han resistido infinitamente las reivindicaciones feministas de distintos tipos, y muchas veces votan a conveniencia política y no a conciencia. Prefiero que el soberano con las garantías democráticas tenga un momento de reflexión y vote a conciencia, sin intereses políticos no de lobbies de cualquier tipo.

Y capaz, tal vez, espero TERMINEMOS DE EMPARCHAR LAS COSAS Y NOS PONGAMOS A SOLUCIONAR LOS TEMAS DE RAIZ.

1 Comentario »

  • Rodrigo :

    Muy buena la editorial de Jimena

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