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La preocupación social compañera

21/12/2012 Sin Comentarios

Francisco Faig, diario El País – 15.12.2012

Estamos en una época de recaudación fiscal nunca vista que está siendo utilizada para restablecer una vieja práctica de los uruguayos: acceder al trabajo público.

Sin embargo, en nuestros días, la cultura del clientelismo y la multiplicación de cargos no pueden responder a la vieja lógica del país de Maracaná, aquella que franqueaba la entrada al Estado porque sí, por amiguismo y de favor. Ahora es distinto. Se trata por lo general de contratos públicos, renovables, y que han de ser justificados por nobles razones que apelen, por ejemplo, a la necesaria acción estatal para cambiar un aspecto concreto de la realidad, o a la pertinencia del perfil del contratado en la labor a emprender. Veamos un par de ejemplos de cómo funciona concretamente el sistema “clientelar” compañero.

El programa Jóvenes en Red del Ministerio de Desarrollo Social tiene el objetivo de integrar socialmente a los jóvenes de entre 14 y 24 años que ni trabajan ni estudian. Unos 2.000 jóvenes de esas características, sobre un total relevado de unos 36.000 jóvenes que en el país se encuentran en esa situación de fragilidad social, fueron abordados por alguno de los 36 equipos de trabajo de este programa. Estos equipos son los que tienen la tarea de campo. Están conformados por tres integrantes cada uno, por lo general, especializados en ciencias sociales -psicología, trabajo social, sociología, etc. Así, unas 120 personas trabajan hoy en todo este programa que, además, cuenta con una instancia de coordinación con distintos ministerios y entes públicos para avanzar en sus objetivos.

Jóvenes en Red ha ejecutado unos 3 millones de dólares en esta segunda mitad de 2012. Se estima que ejecutará unos 7 millones más en 2013, cuando pasen a ser 45 los equipos de trabajo. Lo interesante es que de esos 3 millones de dólares de 2012, cerca de la mitad fueron a pagar los salarios de estos 120 especialistas en inclusión social.

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo está funcionando desde junio de 2012. Su principal objetivo es, claro está, difundir los derechos humanos. Seguramente Ud. se pudo enterar de su existencia esta semana, con ocasión de su presentación pública en cadena de radio y televisión. Desde mitad de año, la institución recibió algo más de cien denuncias. Algunas relevantes, como la señalada por Juan Faroppa, integrante del consejo directivo: se trata de la discriminación que sufren algunas personas que no pueden entrar al Palacio Legislativo porque no hay entrada para personas con discapacidad. Pero su tarea no termina allí: también ha presentado informes y ha asesorado a comisiones parlamentarias.

Tiene por delante, fijado por ley, la elaboración de un informe por año.

Esta institución todavía no cuenta con un gran presupuesto. Sin embargo, de entrada quedó claro que cada uno de los cinco integrantes de su consejo directivo percibiría un salario del entorno del 80% del que recibe un senador: al día de hoy, no menos de unos 120.000 pesos. Es decir que en total el costo salarial de los cinco defensores del pueblo es de unos 400.000 dólares por año. Finalmente, dicen que entre los onerosos abogados del Banco República no hay un buen penalista. Ante las denuncias por el caso Pluna, los compañeros decidieron contratar a Gonzalo Fernández por 15.000 dólares.

¿Este era el país de primera del Frente Amplio?

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