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¿Le toman el pelo a la gente?

14/12/2012 Sin Comentarios

Francisco Gallinal

El aumento en los índices de la criminalidad en la sociedad uruguaya así como el incremento de la violencia empleada en la comisión de delitos contra la propiedad, tanto en domicilios particulares como en los establecimientos comerciales, de cobranza, y lugares de trabajo en general genera una creciente alarma en la población. El problema es que de los delitos contra la propiedad lamentablemente derivan, cada vez con mayor frecuencia, delitos contra la integridad física en la medida en que muchas veces no existe proporción entre el hurto, la rapiña, y los medios que se emplean para su concreción.

Hoy, las víctimas de delitos que se podrían considerar de menor entidad, con razón temen por su integridad física y muy especialmente por su vida, porque ya es frecuente el caso de personas que la pierden o reciben lesiones graves en ocasión de ser objeto de una rapiña.

En este escenario la protección del ciudadano no ha estado a la altura de la circunstancias, lo que ha incrementado en forma superlativa el sentimiento de indefensión y alarma social. Ello obliga a agudizar la imaginación de los gobernantes con el propósito de dotar al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial de nuevos instrumentos que les permitan combatir a la delincuencia con mayor efectividad.

Hay dos instrumentos que en el combate contra la inseguridad y en la defensa de los derechos humanos, hemos presentado en el transcurso de la presente legislatura. Ellos son el de la baja de edad de imputabilidad con carácter relativo, dándole al Magistrado un ámbito de discrecionalidad a nuestro juicio necesario. Y el de reglamentación del Instituto del “Habeas Corpus”, instituto de origen constitucional que asegura el respeto y la defensa de los derechos individuales contra la arbitrariedad, el abuso o la simple falta de respuesta a la que toda persona tiene derecho mientras este privada de su libertad ambulatoria.

Ahora el gobierno se aviene a modificar la legislación en otra tema, sobre el que también hemos insistido, como es el de aumentar los mínimos y los máximos de las penas, a la minoridad delincuente. Pero nos encontramos con una muy ingrata sorpresa. El aumento se limita a determinados delitos definidos como graves, y en el caso del homicidio se exige que sea intencional y con agravantes.

Está todo dicho. No alcanza con que se cometa un homicidio. Le exigen la condición de intencional, que bueno, podemos acompañar, pero además que sea con agravantes. Es una tomadura de pelo. Como venimos diciendo hace mucho tiempo, lo que necesitamos no es cambiar las leyes. Es cambiar al gobierno porque este es testarudo, como ninguno.

 

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