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Discapacidad: reglamentar la ley

07/12/2012 Sin Comentarios

Francisco Gallinal

Con motivo de celebrarse en estos días la semana de la discapacidad, que se realiza todos los años del 3 al 10 de diciembre, queremos hoy referirnos a la situación de los compatriotas con discapacidad y los perjuicios que se les ocasiona por no cumplirse con la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo de la Ley 18.651 de 2010. Ley que entró en vigencia el 11 de marzo de 2010 hace ya más de dos años y medio y es un mojón en la equiparación de derechos de las personas con discapacidad y los demás habitantes.

En nuestro país alcanza al 7,6% de la población total residente en hogares particulares urbanos en localidades de cinco mil o más habitantes. Esto significa aproximadamente unos 250.000 compatriotas con algún tipo de discapacidad. De acuerdo a la ley, se considera con discapacidad a toda persona que padezca o presente una alteración funcional permanente o prolongada, física (motriz, sensorial, orgánica, visceral) o mental (intelectual y/o psíquica) que en relación a su edad o medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral.

Por más que el artículo 332 de nuestra Carta Magna establece que los preceptos de la presente Constitución que reconoce derechos a los individuos no dejarán de aplicarse por falta de la reglamentación respectiva, en este caso concreto la ausencia de la misma por parte del Poder Ejecutivo lesiona derechos de estos compatriotas con discapacidad.

A modo de ejemplo, la ley en los artículos 25 y siguientes, faculta al Poder Ejecutivo a crear en el Banco de Previsión Social el Programa de Asistentes Personales para Personas con Discapacidades Severas, requiriendo para su instrumentación la intervención del Banco de Previsión Social, que a la fecha no se ha producido. Los discapacitados severos, de acuerdo a los baremos nacionales e internacionales, tienen las mayores complejidades y no sólo se trata del otorgamiento de pensiones o trabajos para sus familiares, sino de tener acompañantes permanentes.

Otro tema que merece la atención es el general incumplimiento por parte del Estado del artículo 49 de la ley que establece que se deberán llenar por lo menos el 4% de las vacantes dentro del Estado con personas con discapacidad. Queremos destacar que en el Senado, felizmente, en la legislatura anterior se dio cumplimiento a este mandato legal que viene de la antigua ley 16.095 de 1989.

Otro serio problema es el de la accesibilidad. Hay avances en las 19 Intendencias pero aún tenemos serios déficits en cuanto al transporte público, a los itinerarios peatonales, escaleras, rampas, espacios libres, estacionamientos, señales, obras en la vía pública. El Estado y los Gobiernos Departamentales no pueden exigir a los particulares el cumplimiento de la norma cuando el principal incumplidor es el propio Estado.

Finalmente queremos reconocer la labor histórica de la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad, así como de todas las asociaciones y organizaciones voluntarias y honorarias que se dedican a ayudar a los compatriotas con discapacidad, entre ellas, la Teletón Solidaria realizada el pasado fin de semana que moviliza los mejores sentimientos de todos nuestros compatriotas con su apoyo, en que las empresas, las personas, muchas de ellas anónimas, colaboran con los mismos. Los discapacitados no reclaman privilegios, sino el cumplimiento de los derechos.

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