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INTERPELACION PLUNA – Exposición Juan Chiruchi

02/11/2012 Sin Comentarios

Señor Presidente,

Los uruguayos estamos impactados con los acontecimientos relacionados a PLUNA.

Comparto y respaldo todas las actuaciones realizadas por el Senador CARLOS MOREIRA que advirtió, desde el primer momento, hace ya más de 5 años, la inconveniencia de las decisiones del gobierno, en relación a PLUNA.

La oposición cumple su responsabilidad de control de las actuaciones del Poder Ejecutivo y demás organismos del Estado.

A nadie puede molestar esta postura. Todo lo contrario.

Es esa su responsabilidad y hace a la transparencia de la gestión de un Gobierno.

El 15 de junio pasado, el Gobierno decidió recuperar la propiedad de las acciones de PLUNA, anunciando que lo hizo para seguir con la actividad aeronáutica y no perder las frecuencias y líneas.

A tan solo 20 días, el 5 de julio, el Gobierno decidió el cese de las actividades, por insolvencia de la empresa, dejando a pasajeros varados por todo el mundo y promoviendo inconvenientes que aún hoy son insospechados.

Esta insolvencia ya era anunciada desde hace años, y sin embargo el Gobierno no tomó precaución suficiente.

Se facilitó que se siguiera en el descalabro y su pasivo siguiera aumentando en perjuicio de pasajeros, empleados, acreedores, instituciones públicas como el Banco de la República Oriental del Uruguay y la propia ANCAP.

PLUNA vendió incluso parte importante de su patrimonio. Vendió todo lo que pudo…

La sede en Buenos Aires, la sede en Río de Janeiro, el Argentino Hotel de Piriápolis, y también partes fundamentales de la estructura de funcionamiento como motor suplente, equipos y repuestos.

Todo ello era evidente muestra del vaciamiento que estaba sucediendo.

El Gobierno siguió empecinado, en diferir la solución del problema por una promesa de que los socios privados la iban a capitalizar.

Cuando se decidió que no podía seguir operando, tampoco existía información confiable sobre la situación de PLUNA.

La que brindó el Gobierno fue parcial, quizá por desconocimiento de la verdadera situación.

Una muestra de ello, fueron las declaraciones del Ministro de Economía dijo desconocer el monto que por despido percibió el Sr. Matías CAMPIANI, en oportunidad de concurrir a Comisión del Senado.

Pues, a Matías CAMPIANI se le pagaron aproximadamente 3 millones de pesos, unos 130 mil dólares.

En mérito de su brillante gestión, antes del concurso, sin ninguna espera.

Recordemos todos cómo empezó esta historia.

El Gobierno decidió ceder la mayoría accionaria de PLUNA en forma directa, sin un proceso de selección y contratación competitivo, sin exigir un mínimo conocimiento de la actividad aeronáutica.

Esa privatización – sin licitación pública – fue autorizada y firmada por el entonces Directorio de PLUNA ENTE AUTÓNOMO, el entonces Ministro de Economía Cr. Danilo ASTORI, el entonces Ministro de Transporte y Obras Públicas, Sr. Víctor ROSSI, y la empresa LEADGATE.

Ese proceso y contrato está plagado de irregularidades, de ilegalidades e inconstitucionalidades, pese a lo cual se siguió adelante.

Todo ello fue advertido por el Tribunal de Cuentas en Resolución del 6 de setiembre de 2007, de la que destaco:

- En el proceso de selección y contratación se actuó en contravención de las normas específicas que imponían la realización de una licitación pública internacional, comprendiendo una etapa de precalificación y una etapa de selección entre los calificados.

- No se cumplieron las normas del TOCAF que exigen un procedimiento de selección que garantice la debida publicidad, igualdad de oferentes y concurrencia.

- PLUNA ENTE AUTÓNOMO no cumplió con la vigilancia y control de los actos realizados en la búsqueda de potenciales socios.

- Las garantías que otorgó el Estado son obligaciones que comprometen su responsabilidad, habiéndose realizado sin la autorización legal correspondiente.

- No se cumplió con el artículo 85 numeral 6 de la Constitución que otorga competencia a la Asamblea General para autorizar las deudas del Estado, cualquiera sea la forma.

- Es ilegal en cuanto limita las potestades de los integrantes de la Comisión Fiscal designados por el Estado, que sólo podían oponerse por razones de legalidad y no podían observar la distribución de ganancias.

- Se obligó – sin ley que lo autorice-, a garantizar obligaciones y montos intangibles, de origen local y extranjero, comprometiendo la realidad económico financiera del Estado.

- Se violentaron los principios de razonabilidad y las reglas de buena administración, cuando el Estado se comprometió a garantizar el 100% de la adquisición de las aeronaves, cuando sólo tenía el 25% de las acciones.

Sin embargo, y a pesar de la importancia y la contundencia de los fundamentos del Tribunal de Cuentas, los jerarcas actuantes, en el año 2007, ejecutaron el contrato de venta de acciones, desconociendo todas las advertencias.

En los varios años de administración pública, en cargos de responsabilidad en el diseño de políticas pero también esencialmente ejecutores de contratos y gastos, siempre hicimos hincapié en la legalidad, transparencia, los procedimientos de contratación, los controles debidos y en los pronunciamientos del Tribunal de Cuentas.

La contratación directa elude la aplicación de los principios de publicidad, transparencia, concurrencia en los procedimientos de contratación pública.

También a esta situación de PLUNA, se llega por la ausencia absoluta de los controles mínimos debidos, que el gobierno debió realizar sobre su gestión.

Pese a todas las advertencias realizadas y la realidad constatada en todo este proceso de más de 5 años,- como lo ha anunciado en reiteradas oportunidades el Senador Carlos MOREIRA-, se ha insistido en el camino equivocado.

El próximo pasado 15 de junio, el Gobierno acuerda la desvinculación de los accionistas privados, recuperando el Estado la mayoría accionaria de PLUNA.

Esto se concretó sin requerir la previa intervención del Tribunal de Cuentas.

En efecto, la transferencia de acciones de PLUNA – mediante fideicomiso – no es más que una transferencia que evita el control del Tribunal de Cuentas y por tanto se realiza eludiendo esa exigencia constitucional.

Este Acuerdo asegura indemnidad a los ex socios privados, lo que significa, que no se les podrá reclamar ningún daño de los que generaron a PLUNA y – o al Estado.

La cláusula dispone: “El Estado y PLUNA Ente Autónomo declaran, que nada tienen que reclamar a los ex socios, a sus accionistas directos o indirectos, ni a los directores, ni a los miembros de la Comisión Fiscal designados por ellos, y se obligan a no promover contra ellos reclamación de ninguna especie, salvo la eventual responsabilidad civil derivada de ilícitos penales acreditados mediante sentencia penal ejecutoriada.”

Todos sabemos aquí que una sentencia penal ejecutoriada puede demorar muchos años en llegar, o bien puede no darse nunca por conclusión del proceso por otras causas.

Además, el Acuerdo en el párrafo siguiente y con la única finalidad de aparentar equilibrio y reciprocidad entre las partes, se establece que los ex socios privados de PLUNA nada tienen que reclamar al Estado y a PLUNA Ente Autónomo y se obligaron a mantenerlos indemnes de cualquier reclamo de sus accionistas.

Pero, esa obligación no es recíproca porque LEADGATE se reservó el derecho a continuar con el juicio arbitral por más de 9 millones de dólares, que iniciaron contra el Estado.

De esta manera, el 15 de junio, se realiza este Acuerdo para dar continuidad a la actividad aeronáutica de PLUNA.

Sin embargo, tan solo 20 días después, el 5 de julio, el Gobierno toma la decisión absolutamente contraria, cesando la actividad de PLUNA por insolvencia.

Se ha confirmado que la elección que el Gobierno hizo de LEADGATE, ha sido nefasta.

Creo que se ha confirmado, que de las “vacas” no puede pasarse a la “aeronáutica”, – como señaló el Presidente José MUJICA

¿Es posible poder justificar el compromiso pactado del Gobierno de no llamar a responsabilidad a quienes manejaron PLUNA?

¿Es posible poder justificar el manejo discrecional que se realizó?

Creemos que el gobierno debería impulsar una investigación sobre lo que pasó y cómo se llegó a esta situación.

Y también deberá determinarse si existen implicados y personas que se hayan beneficiado por actos indebidos.

Creemos que estamos obligados todos, a que también lo haga el Parlamento.

A esta situación se llega por actos que también deben ser analizados por la Justicia.

Entre otros, la Senadora TOPOLANSKY dijo que hubo un vaciamiento de PLUNA y que el cese de actividades es consecuencia de una mala gestión.

La aprobación de la Ley 18.931 de Fideicomiso de PLUNA, se realizó en un proceso extremadamente desprolijo.

En pocas horas el Gobierno presentó proyecto de ley, que fue tratado en maratónicas sesiones de Diputados y Senadores, sin el detenido análisis que exigía la situación.

Como se ha dicho en reiteradas ocasiones, la ley tiene objeciones de inconstitucionalidad, y además, – ahora vemos – , que no sirvió para encausar la solución que esperaba el Gobierno.

La industria turística – sector del que depende el trabajo de muchísimos compatriotas – está en jaque por varios frentes.

Ahora también agravada por la falta de conectividad.

La realidad demostró que la Ley no debió aprobarse, la que contó sólo con los votos del oficialismo.

PLUNA – sociedad comercial privada – debió regirse por la ley general de concursos.

No puede dictarse una ley para resolver un caso concreto sometido a la decisión del Poder Judicial.

Las leyes que se dicten para casos individuales son inconstitucionales con la única excepción de las hipótesis que la propia Constitución prevé.

“Veamos cómo se cumplió esta ley……”

La subasta realizada fue una acción desacertada, desconcertante.

Nombres falsos …

Afirmaciones en el acta del remate que son falsas: “Luego de varias instancias de ofrecimientos y pujas, resultó ganador por ser la mejor y última oferta la de COSMO LINEAS AEREAS …”

Representaciones que se invocan y no se acreditan.

Ni siquiera se pagaron los honorarios de los rematadores, cuando debieron pagarse en ese acto, lo cual constituyó incumplimiento de las condiciones del remate.

La comisión habrá de pagarse igualmente.

Son honorarios generados por los rematadores por una tarea cumplida.

¿Quién lo va a hacer?

¿Nadie tiene responsabilidad?

Evidentemente, parecería que las condiciones del remate las puso COSMO.

Y para colmo, Ministros y funcionarios justificaron la corrección de lo actuado.

El Ministro PINTADO, dijo que no es relevante el nombre que hizo figurar el oferente en la subasta. Comparó el caso con el del ex futbolista brasileño Pelé

Se habló de que no era necesario poner los nombres completos…

El Ministro LORENZO señaló que ha sido una actuación coordinada y conjunta del gobierno, … que la subasta fue “transparente”…

¿Es que aún hoy los Ministros y los funcionarios pueden seguir sosteniendo lo mismo y no ver las consecuencias tremendas de todo lo actuado?

El BROU concedió un AVAL a COSMO para que pueda presentarse a la subasta.

¿Para otorgar ese AVAL, el BROU aplicó menores exigencias que a los uruguayos que solicitan créditos?para desarrollar una actividad comercial, industrial, agropecuaria, para financiar adquisición de bienes de capital u otros.

El BROU resolvió otorgar – se dice que en el mismo día – un AVAL de más de 13 millones de dólares.

Los uruguayos – sin embargo – tienen que cumplir innumerables exigencias y esperar meses de tramitación previa por montos no comparables a estos.

El BROU aceptó como respaldo de ese AVAL, un seguro de una empresa argentina que no cuenta con calificación de riesgo suficiente.

Lo mismo pasó en ANCAP.

Generándose una deuda de aproximadamente 28 millones de dólares por combustible para los aviones, por una empresa que carecía de toda posibilidad de pago.

A esto debemos agregarle lo ocurrido con cheques diferidos incobrables por parte de ANCAP.

ANCAP aceptó cheques diferidos como forma de cancelación contable de la deuda, suscribiendo un convenio con PLUNA que señala que el plazo de cobro de los cheques no podía ser superior a 30 días.

Sin embargo, ANCAP actuó de una manera absolutamente distinta a lo acordado.

Aceptó cheques diferidos por plazos de 180 días.

Raúl SENDIC responsabiliza a funcionarios y mandos medios de ANCAP.

Se ha divulgado que el Directorio de ANCAP, – evidentemente en forma muy tardía – efectuó una investigación interna de estos hechos, calificados de “maniobra con los cheques” y que se apunta a indilgar la responsabilidad a mandos medios.

Serían sancionados por “por negligencia” descartándose dolo.

No podemos creer que el Presidente de una de las principales empresas del país, pueda sostener que no conocía esa situación o que sencillamente es responsabilidad de otros.

¿Puede permitirse que un jerarca con la responsabilidad de la administración de la gestión de una empresa del Estado como lo es ANCAP pueda desconocer los incumplimientos de tal calibre?

SENDIC declaró que el tema de la deuda por combustible estaba en manos del Vicepresidente del Directorio de ANCAP y por parte de la empresa el Ing. LEPRA, gerente general de PLUNA.

No es creíble que ni los funcionarios, ni los mandos medios, ni el Vicepresidente del Directorio de ANCAP no le hayan informado sobre la deuda de combustible y las irregularidades e incumplimientos.

Me imagino que el Presidente de ANCAP tiene los asesores necesarios para monitorear situaciones irregulares como esta.

Pregunto: ¿No hay omisión por el jerarca en haber tolerado tan importante deuda, recibiendo cheques sucesivamente, que no se cobraban, por cifras enormes?

Por lo que vemos, había luz verde para la “bicicleteada”.

Creo que la denuncia penal por cheques sin fondos que tardíamente efectuó el Presidente ANCAP, no lo exime de su responsabilidad.

Señor Presidente.

Todo esto es muy raro, muy extraño, muy irregular, poco transparente.

Como lo han anunciado ya los Sres. Senadores integrantes del Partido Nacional, también queremos adherirnos al planteo de dar trámite a la justicia toda la información que aquí se ha aportado, para que determine las responsabilidades en las conductas eventualmente ilícitas.

Confiamos plenamente en la ecuanimidad de la justicia.

Gracias Señor Presidente.

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