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Informe sobre Paraguay y MERCOSUR

03/08/2012 Sin Comentarios

El Instituto de Derecho Internacional Público (IDIPU) de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, en cumplimiento de sus deberes académicos y de sus responsabilidades de estudio científico, atento a las responsabilidades de investigación y divulgación de los problemas de interés general, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2 la Ley Nº 12.549 (Orgánica de la Universidad) se reúne en sesión plenaria de su Sala el día 26 de julio del año corriente a fin de considerar la situación jurídica emergente del cambio de la titularidad en la Presidencia de la República del Paraguay (en adelante, Paraguay), la suspensión de esta República a participar en los órganos del MERCOSUR resuelta por los Jefes de Estado y de Gobierno de la República Argentina (en adelante, Argentina) la República Federativa del Brasil (en adelante, Brasil) la República Oriental del Uruguay (en adelante, Uruguay) en Mendoza el día 29 de junio de 2012, la admisión del ingreso de la República Bolivariana de Venezuela (en adelante, Venezuela) al MERCOSUR en esa misma fecha, a aprobarse en la Cumbre a celebrarse en Rio de Janeiro, Brasil, el día 31 de julio de 2012 y, finalmente, el laudo 1/2012 del Tribunal Permanente de Revisión del MERCOSUR (en adelante TPR) decidiendo la adopción del siguiente Informe.

HECHOS

El día 22 de junio del corriente año el Senado del Paraguay destituye por vía de juicio político al Presidente de esa República Don Fernando Lugo Méndez, aduciendo que lo hace en cumplimiento del artículo 225 de la Constitución de esa República, invistiéndose en consecuencia al Vicepresidente Don Federico Franco

El día 29 de junio de 2012 la Cumbre de Presidentes, ya mencionada, resuelve la suspensión del derecho de Paraguay a participar en los órganos del MERCOSUR y en sus deliberaciones, por considerar que se habría producido una ruptura del orden democrático violatorio de lo establecido en el Protocolo de Ushuaia (en adelante, PU)

Ese mismo día la precitada Cumbre decide el ingreso de Venezuela al MERCOSUR, convocándose a una reunión especial para su admisión oficial para el día 31 de julio de 2012 en Río de Janeiro, Brasil.

El día 9 de julio de 2012 el Paraguay presenta demanda contra Argentina, Brasil y Uruguay solicitando la aplicación del procedimiento para atender casos excepcionales de urgencia instituido en el artículo 24 del Protocolo de Olivos (en adelante, PO) reglamentado por la Decisión 23/04 del Consejo del Mercado Común (en adelante, Decisión 23/04) y solicitando subsidiariamente la aplicación de los artículos 1 y 23 del PO, referentes al acceso en única instancia al TPR.

Cumplidos los trámites del caso el TPR dictó el Laudo 1/2012, de 21 de julio de 2012.

LA SUSPENSIÓN DEL PARAGUAY

La Sala observa que si bien la decisión dice fundarse en el Protocolo de Ushuaia, que exige la ruptura del orden democrático en el Estado sancionado, debe entenderse por tal el que surge de la violación de la Constitución del propio Estado, conforme a la regla interpretativa de los acuerdos internacionales consagrada en el artículo 31 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados.

En el caso, los actos y hechos que determinaron la destitución del anterior Presidente del Paraguay por vía del juicio político y su sustitución por el Vicepresidente parecen ajustarse, prima facie, a las disposiciones pertinentes de su Constitución, cumpliendo las formalidades en ella prescriptas, acusación por la Cámara de Diputados ante el Senado por la causal prevista de mal desempeño de funciones por parte del Primer Mandatario, quien comparece y se defiende ante este Cuerpo y dice aceptar, en primera instancia, la juridicidad de la decisión sobre su cese.

Advierte esta Sala, fundamentalmente desde el ángulo del Derecho Internacional Público, que es el de su competencia, que el nuevo mandatario y su Gobierno asumen el poder sin circunstancias que menoscaben de modo sensible su autoridad, ni oposición interna importante a la sucesión presidencial que lesione su efectividad, circunstancia fundamental a considerar; el control de hecho de la maquinaria administrativa del Estado y la aquiescencia de la población (Cfr, Eduardo Jiménez de Arèchaga et al. “Derecho Internacional Público, Tomo 1”, página 127, Montevideo, FCU, 2005)

Parecería, por tanto, que al no advertirse una clara ruptura del orden democrático en el Paraguay, caería el supuesto exigido por el artículo 3 del PU.

Pero, en modo fundamental, la Sala estima que no se cumplieron las consultas prescritas por el artículo 4 del PU con el nuevo Gobierno, no pudiéndose tener por tales las gestiones hechas para la extensión del plazo de defensa del anterior Primer Mandatario, en tanto se pudo y debió consultar a las nuevas autoridades y a los otros Poderes Públicos del Paraguay. La resolución de los Jefes de Estado de Mendoza omite toda mención a este punto.

Y finalmente, pero no menos importante, la decisión de suspensión no es resuelta por el Consejo del MERCOSUR (CMC) sino por una Cumbre de Jefes de Estado que no es el órgano competente para adoptar decisiones jurídicamente vinculantes en el MERCOSUR, conforme a lo que disponen los artículos 3 y 6 del POP.

LA ADMISION DE VENEZUELA EN EL MERCOSUR

La admisión de un nuevo Miembro pleno es regida por el artículo 50 del Protocolo de Ouro Preto (POP), que se remite al artículo 20 del Tratado de Asunción que exige para este ingreso que la solicitud sea objeto “de decisión unánime de los Estados Partes”.

En el caso, faltando el depósito de la ratificación por parte del Paraguay no se cumple con aquella exigencia de unanimidad y no observando la suspensión decretada, a juicio de la Sala, los requisitos necesarios de acuerdo al PU, no debe verse como válida la admisión de Venezuela como Miembro pleno del MERCOSUR.

EL LAUDO ARBITRAL DEL TPR

En relación al planteo de los demandados Argentina, Brasil y Uruguay de la incompetencia ratione materiae del TPR, esto es, que el Tribunal sólo tiene competencia en asuntos de índole comercial y no en cuestiones políticas como las que derivan, por ejemplo, de la aplicación del PU, coincide plenamente con el Laudo en la reivindicación de su competencia por la que la solución de controversias del MERCOSUR abarca también el examen de la legalidad de la aplicación del Protocolo de Ushuaia.

Comparte asimismo lo resuelto por el Tribunal en el sentido que en el caso no están presentes los requisitos para la admisibilidad del procedimiento excepcional de urgencia, establecido en el artículo 24 del PO, regulado por la Decisión 23/04.

Coincide que en las circunstancias de la demanda instaurada por el Paraguay, no resulta admisible la intervención directa del TPR sin el consentimiento expreso de los Estados Partes, y en consecuencia no es de recibo la medida provisional solicitada.

POR LAS RAZONES EXPUESTAS LA SALA DEL IDIPU ENTIENDE:

1º) Que es plenamente ajustado a derecho el Laudo 1/2012 del TPR.

2º) Que la suspensión de Paraguay en su participación en los órganos del MERCOSUR es inválida por cuestiones de forma y fondo.

3º) Que la admisión de Venezuela carece de validez y no produce efectos jurídicos

4º) Poner esta Opinión en conocimiento de las autoridades de la Facultad de Derecho y proceder a su pública divulgación.

Nota: El señor Director del IDIPU Profesor Dr. Washington F. Baliero se excusa de participar en esta Sala y de emitir opinión en razón del carácter que inviste de Miembro alterno del TPR.

Montevideo, a los veintiséis días del mes de julio de 2012

 

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