Portada » Columnistas, Titular

¿Quién nos escucha?

22/06/2012 Sin Comentarios

Jaime Mario Trobo

Es un secreto a voces, alguien en Uruguay que cuenta con medios tecnológicos suficientes para interceptar comunicaciones telefónicas, especialmente de equipos celulares, lo hace, quien sabe con qué fin. Pero lo que no hay duda es que ese proceder es ilegal e inconstitucional y constituye un acto reprobable en todo sentido.

Para llevar adelante este tipo de acciones es necesario contar con equipos muy sofisticados y si éstos existen en el ámbito público, en la medida que su utilización viola derechos ciudadanos sólo la ley puede autorizarlo y en circunstancias especiales, claramente regladas y debidamente protocolizadas. En el Uruguay, la interceptación telefónica, como forma de vigilancia electrónica puede ocurrir sólo si es dispuesta por un juez, en la investigación de procedimientos delictivos descriptos en la ley Nº 18.494 de control y prevención de lavados de activos y del financiamiento del terrorismo. Es obvio que estos procedimientos sólo pueden realizarse con una autorización expresa y con el debido procedimiento de registro.

Ahora bien, son varias las versiones, que nos llegan desde distintos ámbitos en el sentido que se presume la existencia de interceptaciones telefónicas, y la comprobación de tan grave situación es muy dificultosa, pero aún cuando no sea posible probarlo, debemos asumir el riesgo de alertar sobre su eventual practica. He escuchado varios testimonios y, cuando el río suena……agua trae.

Por ello en primera instancia le acercaremos nuestro parecer al Presidente de la República. En su órbita de actuación están las organizaciones públicas que pueden acceder a los medios tecnológicos que permiten esta intromisión en la privacidad. Por ello es que en ese ámbito las condiciones para su utilización deben estar perfectamente diseñadas, deben operarse bajo un estricto protocolo del que quede un registro que asegure que no serán utilizados con fines ajenos al interés público, y con ello ofrecer garantías a todos los ciudadanos.

En el correr de estos días, estamos analizando los términos en los que deberá redactarse una Ley de Inteligencia, y deben incluirse definiciones muy precisas sobre el alcance de la utilización de medios tecnológicos de vigilancia, como puede ser el de la interceptación telefónica. Allí deberá precisarse con justeza una materia tan delicada, que debe compadecerse adecuadamente con el respeto a los DDHH.

Mientras esto no ocurra, no basta con que la actual legislación habilite la utilización de estas técnicas, en ciertas circunstancias, sino que debe existir de parte de las autoridades de las áreas que cuenten o puedan contar con un equipamiento para su práctica, un celo especial, un apego a la legalidad y una responsabilidad, que elimine de raíz las sospechas de que alguien está escuchando.

Envíenos su comentario

Agregue su comentario, o trackback desde su sitio. También puede suscribirse a estos comentarios vía RSS.