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Bemoles de la caducidad

25/05/2012 Sin Comentarios

Antonio Mercader, editorial – diario El País, 23.05.2012

Qué tienen en común Juan Gelman y los ahorristas perjudicados por la crisis bancaria del 2002? Que los dos fueron objeto de sendos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA condenando a Uruguay. ¿Qué tienen de diferente? Que en el primer caso el gobierno uruguayo acató el fallo a rajatabla mientras que en el segundo está incurriendo en desacato.

La incoherencia es evidente y prueba cuánto se forzaron las cosas con tal de lograr una anulación de la ley de caducidad que tenía sus bemoles.

En el caso “Gelman vs. Uruguay”, la Corte dispuso anular esa ley e indemnizar a la familia Gelman con un pago de 513.000 dólares ya ordenado por José Mujica en una reciente resolución. Además obligó al Estado uruguayo a realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad por violaciones de los derechos humanos con las máximas autoridades presentes, lo que se hizo puntualmente, en marzo, en el Palacio Legislativo.

En cambio, en la demanda de los ahorristas el mismo tribunal estableció que el Estado uruguayo conculcó los derechos de esas personas. Por eso le impuso dos deberes: indemnizar a cada uno con 3.000 dólares y crear una comisión que examine las distintas situaciones para determinar si la reparación individual puede ascender hasta 100.000 dólares. El plazo otorgado para crear esa comisión venció hace diez días sin que el gobierno uruguayo se haya dado por aludido.

Lo extraño del caso de los ahorristas es el silencio de aquellas voces que hasta hace poco atronaban los aires al grito de que los fallos de esa Corte valen tanto o más que nuestras leyes, y que deben atenderse sin excusas ni demoras. Claro que esos dichos se referían a la anulación de la ley de caducidad votada en el Parlamento en octubre para cumplir, se afirmó, con el mandato del citado tribunal. Ahora se ve que eran voces interesadas de quienes no reflexionaron a fondo sobre las consecuencias de su postura. Con su cambio de paso ante la Corte el gobierno muestra que administra sus decisiones con dos varas distintas cuando en verdad debiera mantener una conducta uniforme.

Una conducta que cabía esperar en virtud de la contundencia con que gobernantes y legisladores del Frente Amplio admitieron la competencia para intervenir en nuestros asuntos de ese organismo de la OEA. El imperativo de obedecer sus dictámenes fue uno de los fundamentos esgrimidos para tirar abajo la ley de caducidad dos veces ratificada por el pueblo en otros tantos plebiscitos.

Cabe preguntarse cómo reaccionará ante los ahorristas el jurista compatriota Alberto Pérez Pérez, miembro de esa Corte, quien con exageración afirmó que sus fallos valían más que “cualquier norma del derecho interno uruguayo” e incluso que los plebiscitos sobre la caducidad “aunque hubieran sido hechos por la unanimidad del pueblo”. ¿Si tan potentes son por qué ahora no valen para los ahorristas?

En el futuro inmediato la izquierda gobernante deberá responder a estas interrogantes después que asentó el discutible precedente del predominio de un tribunal internacional sobre las normas dictadas en Uruguay. Una jurisdicción tan amplia e invasora que está llamada a plantear problemas cuando, invocando lo ocurrido con la ley de caducidad, se apele una y otra vez a esa Corte como si fuera un tribunal de alzada.

Más vale que se vayan preparando.

 

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