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Maldonado II

24/02/2012 Sin Comentarios

Ricardo Puglia

Uno de los problemas más graves en la actuación de los poderes públicos es la “mala administración”. Encontramos decisiones ineficaces e ineficientes que se trasladan injustamente a los ciudadanos, con un costo económico elevado, generando malestar en los contribuyentes que son los aportantes de mayores ingresos a los errores de gestión.

La Intendencia de Maldonado ha acumulado pérdidas al 31/12/2010 por 50 millones de dólares y ha olvidado que es responsable de implementar y mantener un sistema de control interno adecuado para la preparación y presentación razonable de estados, que estén libres de errores significativos, sea debido a fraude o error, y aplicar las políticas contables más apropiadas.

Sin embargo, en reciente dictamen del Tribunal de Cuentas de la República, al 31/12/2010 se formularon los siguientes comentarios:

1-Los montos “Ejecutados impagos” no coinciden con el detalle de obligaciones presupuestales impagas del Estado siendo la diferencia de $ 20:588.270.

2-El Estado de resultado acumulado presenta el activo sobrevaluado en $5.823.624.

3-El pasivo se encuentra subvaluado en $4:393.800.

4-El Estado de resultado del ejercicio incluye intereses bancarios y consumos de UTE y OSE del Ejercicio 2009 que debieron afectar los resultados acumulados por un total de $ 25:342.371.

5-No corresponde la inclusión del ajuste a resultados de Ejercicios anteriores por $27:320.561 en el Estado de resultado acumulado.

6-Los ingresos de origen nacional están subvaluados en $ 51:713.707.

7-Los ingresos de origen departamental están subvaluados en $8:896.444.

8-Los gastos de funcionamiento están subvaluados en $ 30:332.098

9-Los egresos correspondientes a la Junta Departamental se presentan subvaluados en $ 23:458.746.

Con relación al cumplimiento de las disposiciones legales, en opinión del Tribunal de Cuentas no se dio cumplimiento a normas constitucionales y administrativas. Veamos algunos ejemplos:

1- La Intendencia abonó las retribuciones de los Alcaldes sin tener los cargos ni los sueldos previstos presupuestalmente.

2- Se constataron casos de contrataciones en la modalidad de arrendamientos de obra y licitaciones públicas, que comenzaron a ejecutarse con anterioridad a la intervención preventiva del gasto. Se constató que la Intendencia efectuó pagos que no fueron sometidos a la intervención del TC o del Contador Delegado. Se ejecutaron licitaciones públicas y contratos con posterioridad a la observación del gasto y con anterioridad a la reiteración del mismo, y se efectuaron pagos antes de reiterar el gasto.

3- Las multas por mora en el pago de la Contribución Inmobiliaria Rural aplicadas por la Intendencia no se ajustaron a lo establecido en las normas.

4- La Intendencia otorgó préstamos de dinero a pequeños emprendimientos productivos con cargo al “Fondo de Desarrollo Productivo”. La norma no habilita el otorgamiento de préstamos a efectos de propender a la prosperidad del Departamento, o de cooperar con las iniciativas privadas, en virtud de tratarse de una norma programática

5- En expedientes relacionados con contratos de arrendamientos de servicios no se dejó constancia de la exigencia de la presentación de la declaración jurada de no ser funcionario público ni de encontrarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones con la DGI y el BPS o Caja de Profesionales Universitarios, en su caso. Asimismo, funcionarios contratados por la Intendencia no presentaron declaración jurada de no percibir otra remuneración con cargo a fondos públicos.

6- La Intendencia computó como recursos del ejercicio 2010, fondos recibidos en el año 2009 y no consideró otros recibidos en el ejercicio.

7- Se registraron gastos en el Ejercicio 2010 que se devengaron en el Ejercicio 2009 por consumos de UTE y OSE. Asimismo la Intendencia no registró gastos que se devengaron en el ejercicio 2010 por consumos de UTE y OSE.

8-Se efectuaron contrataciones sin utilizar el procedimiento de selección que hubiera correspondido y sin que se dejara constancia de los fundamentos para fraccionar el gasto o de su conveniencia para el servicio.

9- La Intendencia contrató con Cooperativas Sociales montos que excedieron el tope establecido para la contratación por Licitación Abreviada.

10- La Intendencia no cuenta con un inventario actualizado y debidamente valuado de los bienes muebles e inmuebles de su propiedad.

11- No se ha reglamentado la utilización del fondo permanente y ya se abonaron retribuciones personales y prestaciones de carácter social.

12- Los funcionarios que manejan o custodian fondos no cuentan con seguro de caución de fidelidad.

13- No se implementó un registro de fondos y valores respecto de los cuales deban rendirse cuenta, así como de los bienes en guarda o custodia con los datos de los funcionarios responsables.

14- Los recuentos de fondos y valores efectuados, con excepción de los Municipios, no comparan los fondos arqueados con los saldos contables.

15- Del análisis de comprobantes en poder de Tesorería realizado durante el Ejercicio, se constató la existencia de vales de adelanto de dinero que tenían una antigüedad superior a la establecida legalmente.

16- No se dio cumplimiento a lo dispuesto en los convenios, “caducan con el no pago de cuatro cuotas consecutivas”.

17- No se dio cumplimiento a lo establecido para contratar préstamos.

18- Las liquidaciones de horas extras realizadas en el Ejercicio 2010, en algunos casos, han superado los límites establecidos en el Convenio.

19- No se ha dado cumplimiento a la presentación de los informes semestrales producidos por las Comisiones de Control o por las Oficinas que tienen a su cargo la verificación del cumplimiento de los contratos de concesión.

20- Durante el Ejercicio se otorgaron vales a rendir sin la constancia de la intervención de la Contadora Delegada.

21- La Intendencia no ha rendido cuenta documentada de la versión, utilización o gestión de fondos públicos recibidos del Ministerio de Turismo y Deporte.

22- Los ingresos por concesiones no han sido clasificados en un capítulo aparte y las multas y recargos no se contabilizaron en los capítulos que les dan origen.

Tengo la esperanza que se tomen medidas en la corrección de todas estas irregularidades y sus jerarcas se  apeguen a las normas constitucionales y administrativas. Un Administrador con estos antecedentes en una empresa privada ya hubiera renunciado. Habla muy mal de su gestión al frente de la segunda intendencia más rica del país. No obstante, me temo que en 2011 nos encontraremos con un más abultado déficit acumulado que en 2010 -50 millones de dólares- y con iguales o mayores incumplimientos a las normas que las señaladas por TCR.

 

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