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Inseguridad y Delincuencia

03/02/2012 Sin Comentarios

Ricardo Puglia

El romano Publio Clodio Pulcro, estaba enamorado de Pompeya, la mujer de Julio César. En cierta oportunidad, durante la fiesta de la Buena Diosa, celebración a la que sólo podían asistir las mujeres, entró en la casa de César disfrazado de músico. Fue descubierto, apresado, juzgado y condenado por  engaño y sacrilegio. César reprobó a Pompeya, a pesar de estar seguro de que ella no había cometido ningún hecho indecoroso y que no le había sido infiel, pero afirmando que no le agradaba el hecho  que su mujer fuera sospechosa de infidelidad, porque no basta que la mujer del César sea honesta; también tiene que parecerlo.

Y lo mismo le sucede a quien dirige política y administrativamente nuestro Ministerio del Interior. A pesar de disponer de los más cuantiosos recursos económicos que jamás en la historia del Uruguay haya tenido esa secretaría de Estado, a pesar de disponer de materiales, armamento moderno, nuevas tecnologías y personal capacitado para enfrentar a los delincuentes, el ciudadano común sospecha que desde el 2005 en adelante, los magros resultados alcanzados a que se tiene derecho de ser protegido en el goce de la vida, en el honor, en la libertad, en la seguridad, en el trabajo y en la propiedad, producen  sensación  de inacción e ineficiencia.

El país de primera que el Frente Amplio prometió en la última campaña electoral bajo el tándem Mujica-Astori cada día toma más distancia de su compromiso. En el primer mes de 2012, el record de asesinatos, asaltos, rapiñas, copamientos, arrebatos, y drogas han sido sólo algunas de las crecientes manifestaciones del delito que dicen combatir.

Los ministros de la izquierda uruguaya, Díaz, Tourné, Bruni y Bonomi han partido en sus gestiones de premisas equivocadas. Han responsabilizado a los partidos fundadores de la Patria de su propia inoperancia y niegan permanentemente  la realidad que rompe a los ojos de cualquier sufrido ciudadano que conoce en carne propia el haber sido víctima de algún delito personalmente, o a través de sus parientes, amigos o conocidos.

Ejemplo de tal negación han sido los dichos del Intendente de Maldonado cuando expresó que en Punta del Este se invierte porque hay seguridad. Sin embargo, la temporada turística de Punta del Este 2011/2012,  comenzó con robos y rapiñas en residencias y en algunas oportunidades con copamiento de las mismas. Desde Montevideo y por los 400 kms de costa Atlántica los delincuentes venidos de todas partes del país y también del exterior han dejado sus huellas y nuevas víctimas de la inseguridad reinante del gobierno de izquierda. Ciudad de la Costa, Atlántida, Bella Vista, Piriápolis,  Chihuahua, Punta Ballena, La Barra, Manantiales, El Chorro, José Ignacio, Punta del Diablo por nombrar sólo algunos lugares además de Punta del Este, fueron algunos de los puntos elegidos para cualquier tipo de maniobra delictiva mientras algunos sindicatos policiales cortaban la ruta Interbalnearia.

Uruguayos, argentinos, italianos, franceses, chilenos, brasileros, y paraguayos, fueron víctimas de la ineficiencia ministerial. La prensa de enero apuntaba: “Importante empresario uruguayo y su familia sufrieron un copamiento en su residencia de San Rafael. Los delincuentes ingresaron armados, encapuchados y con guantes de goma… Otro copamiento se produjo minutos después, donde ingresaron tres delincuentes que redujeron a seis personas para luego huir con dos celulares blackberry, una computadora portátil, US$ 4.000, $45.000 y algunas alhajas… La policía de Maldonado no está carente de recursos, ni humanos ni materiales según declaraciones del propio Jefe de Policía” ¿Entonces?

El 5 de julio de 2006, el Diputado Nelson Rodríguez presentó un proyecto de ley regulando la “omisión de deberes inherentes a la patria potestad”, el cual duerme en los anales del Palacio Legislativo por decisión de la mayoría parlamentaria frenteamplista que ni siquiera permitió su consideración en su discusión, simplemente lo ignoró y archivó.

Nadie desea pecar de ingenuo ante este drama social que está moviendo las raíces de nuestra sociedad a través de la contínua pérdida de valores éticos y morales creando una verdadera división entre los que tienen poco o mucho y los que no desean respetar las normas de convivencia de los ciudadanos comunes.

Es hora que los gobernantes de izquierda se dejen ayudar, oigan, legislen, asuman la responsabilidad del daño causado a terceros en la ejecución de los servicios públicos confiados a su gestión, y establezcan un plan de acción estratégico donde el INAU, los Ministerios de Defensa e Interior, las autoridades judiciales y todos los involucrados comiencen la lucha para la erradicación de la delincuencia en forma exitosa, fomentando una sociedad inteligente, trabajadora, educada y orgullosa de pertenecer al país que habita.

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