Portada » Actividad Legislativa

Impuesto a la tierra

18/11/2011 Sin Comentarios

Hernán Bonilla

Voy a enfocarme en la critica a la exposición de motivos del proyecto por parte del Poder Ejecutivo y luego voy a realizar algunas consideraciones generales por las que, naturalmente, no vamos a acompañar este impuesto.

1. El proceso de valorización de la tierra en Uruguay y sus consecuencias.

La tierra es el activo que más se valorizó.

En primer lugar es cierto e innegable que ha existido un proceso de valorización de la tierra en los últimos años. Tan cierto como que ha ocurrido otras veces y como que en algún momento pueda descender. Las cifras manejadas por el Ejecutivo, sin embargo, son arbitrarias y responden al objetivo de intentar justificar el impuesto. No se compara con la propiedad urbana, por ejemplo, ni con otros activos que también tuvieron procesos de valorización en los últimos años. Se afirma, sin aportar evidencia, que la inversión en tierras ha sido más rentable que cualquier inversión financiera, pero aun aceptando que esto sea así es una evaluación ex post, con el diario del lunes cualquiera hace buenas inversiones. Quienes compraron tierras, o más aún quienes las tienen desde hace mucho tiempo, no podían conocer de antemano la evolución del precio, por lo que gravarlos ahora no tiene sentido.

La tierra, como bien de oferta fija, “capitaliza” valor.

El Poder Ejecutivo divide en dos este argumento. En primer lugar dice que se valorizó por ser un factor de oferta fija, lo que es cierto. La tendencia de muy largo plazo del precio de la tierra es a su valorización, lo que no justifica el impuesto en sí salvo que se piense que todos los activos de oferta fija merezcan ese tratamiento. En particular, la tierra es un factor de producción, por lo que gravarlo también grava la producción, como si se gravara al capital o al trabajo. La teoría de que el sistema tributario debe captar el aumento del precio del suelo fue desarrollada por Henry George en el siglo XIX y desacreditada hace casi el mismo tiempo. Este tipo de medidas, junto a otras, tomadas a comienzos del siglo XX explican el estancamiento económico que vivió la actividad agropecuaria nacional a partir de la década de 30.

El segundo argumento es que “capitaliza” la realización de obras de infraestructura y la calidad institucional del país. Se afirma que se pretende captar parte de este valor añadido, independiente del esfuerzo del productor. Este argumento tampoco es de recibo por varias razones. En primer lugar los propietarios contribuyen a la realización de la infraestructura que valoriza la tierra a través de los impuestos que pagan. En segundo lugar el mismo fenómeno se da en la propiedad urbana sin que existan impuestos como el propuesto. En tercer lugar es una obligación y función primaria del gobierno proveer el marco institucional en el que se desenvuelve la sociedad y que conduce al crecimiento económico.

La valorización de la tierra no se reflejó fiscalmente.

Se argumenta que el incremento en el valor de la tierra no se vio reflejado en una mayor carga tributaria por parte del sector agropecuario. Las cifras que utiliza el gobierno, sin embargo, no son convincentes. Ni la comparación de la carga tributaria con el PIB, ni de la contribución inmobiliaria con el PIB, ni la contribución inmobiliaria con el valor de la tierra, ni los impuestos pagos por el sector en relación a su producto resultan razonables para sostener que debe implementarse un impuesto a la tierra. Según la Federación Rural el sector hoy aporta en impuestos 4 veces más que en 2003. Por otra parte la OPP admitió en la Comisión de Hacienda que este impuesto no perseguía un fin recaudatorio, por lo que no va a modificar la situación denunciada.

2.    La concentración de la tierra es mucho mayor que la concentración del ingreso

El primer argumento, que la concentración de la tierra es mayor que la del ingreso es absurdo. La situación que se señala como una anormalidad es la estrictamente normal en la historia de Uruguay y en cualquier país que se analice.

El segundo argumento, que se desplazan productores familiares no queda para nada constatado. La variación del índice de Gini esgrimida no dice lo que el Ejecutivo quiere que diga ya que casi no presenta variación entre 2000 y 2010, en que pasa de 0,75 a 076. Un cambio de una décima del índice de Gini en 10 años no es una evolución. El censo agropecuario no se ha culminado y en el último se constataba que había 8000 productores más. El subsecretaro de Ganadería afirma Por otra parte si hay productores o familias que venden sus tierras porque el precio es alto están en todo su derecho, de la misma forma que si lo hiciera una empresa, responde a una lógica económica que no merece cuestionamientos.

Un tercer argumento es llamativo. Se afirma que el impuesto se propone “deprimir el precio de la tierra”  sobre lo que volveremos en seguida.

3.    La propuesta: un impuesto progresivo sobre la concentración de los activos rurales.

Resulta llamativo que el impuesto sea progresivo y no progresional. Esto significa que se paga por cada una de las hectáreas de acuerdo a la franja en la que cae la última, y no por franjas, como en el actual IRPF. Por ejemplo, un terreno de 6000 hás. paga por cada uno de sus hectáreas usd 12, o sea unos usd 72.000 por año. Naturalmente esto además conlleva la paradoja de que terrenos de 1999 hás. no pagan nada y los de 2001 hás pagarán unos usd 16.000 por año.

EN CONCLUSIÓN: Todos los argumentos esgrimidos para sostener el impuesto se caen, no queda ninguna cuando se los analiza de cerca. Que es lo único que queda entonces? El prejuicio, la discriminación y un impuesto que obedece simplemente a razones ideológicas.

Otros aspectos

El otro aspecto cuestionable, amén del impuesto en sí mismo, es el uso del índice CONEAT como indicador de la productividad general de la tierra. El mismo fue cuestionado prácticamente por todas las delegaciones que pasaron por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y el propio Ministro de Economía y Finanzas y el subsecretario de Ganadería, que reconoció que no era el mejor indicador. Sin embargo, en el apuro por sacar la ley se lo utiliza.

El proyecto propuesto también incluye en su segunda sección un aumento del IRPF por la venta de inmuebles rurales que no se incluía en la reforma tributaria de 2007. Este cambio junto al propio ICIR constituye un cambio de las reglas de juego de la economía.

Cambio en las reglas de juego: como fue reconocido por el Vicepresidente de la República en entrevista con Radio El Espectador. Va a contrapelo de lo anunciado por el Presidente Mujica en sus dos discursos en el Hotel Conrad, con un año de diferencia, de que no se introducirían cambios en las reglas de juego para los inversores. Este impuesto representa cambios significativos en la ecuación económica para varias empresas que confiaron en los anuncios del Presidente y realizaron inversiones de larga maduración y que ahora se ven sorprendidas en su buena fe. La incertidumbre que genera desincentiva la instalación de inversiones productivas de largo plazo e incentiva las especulativas en el corto. Las consecuencias son evidentes, va a ser mucho más difícil convencer ahora a cualquier inversor de que puede invertir seguro en el país porque la presente administración ya ha defraudado a los inversores.

Según la OPP y el Ministerio de Economía el fin del impuesto no es recaudar, sino penalizar o desincentivar la concentración de la tierra. Resulta llamativo proponer un impuesto cuyo fin no es recaudar, por no decir insólito y difícil de justificar. Y para lograr el fin que supuestamente persigue, desconcentrar la tenencia de la tierra, no es útil según varias de las delegaciones que asistieron a la Comisión de Hacienda de Diputados. Incluso el Decano de la Facultad de Agronomía afirmó que al ser un impuesto a la propiedad pero no a la tenencia de la tierra puede generar el efecto contrario al buscado al aumentar la concentración de la tenencia de la tierra, dado que a muchos propietarios les puede resultar más rentable arrendar que desarrollar una actividad.

Otro aspecto llamativo es la incertidumbre que existe sobre los efectos de la ley. Según la exposición de motivos  el proyecto “intenta deprimir el precio de la tierra” según el subsecretario de ganadería no sabe que va a pasar, según el presidente de la República la semana pasada en Brasil aumenta el precio. También se reconoce que esta herramienta puede no ser la mejor y sus efectos en cuanto a la concentración se verán en la práctica. Entonces nos preguntamos, este es el mejor momento para introducir el impuesto? Cuyos efectos se desconocen? Que afecta las reglas de juego? Que cambio la ecuación económica de empresas? En medio de una situación económica mundial y regional que se complica? No, ni siquiera quienes lo proponen pueden dar cuenta de los efectos

En definitiva, es un impuesto que afecta la imagen del país, pone en duda su seriedad en cuanto a la estabilidad de las reglas de juego bajo las que se realizan las inversiones, discrimina negativamente a la actividad agropecuaria, recauda poco y no ataca al fin que se propone. En definitiva presidente, es un impuesto estrictamente ideológico, contrario al interés nacional y para nosotros en consecuencia, absolutamente imposible de acompañar porque es un mamarracho.

Envíenos su comentario

Agregue su comentario, o trackback desde su sitio. También puede suscribirse a estos comentarios vía RSS.