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Sobre sistema único de patentes y sistema de alumbrado público

04/11/2011 Sin Comentarios

Alberto Casas

SISTEMA UNICO DE COBRO DE INGRESOS VEHICULARES Y SISTEMAS DE ALUMBRADO PUBLICO DEPARTAMENTALES.(Palabras Sesión de Cámara Extraordinaria 1º noviembre 2011).

Este es un tema que los ciudadanos ven por demás complicado, y que con el paso del tiempo se ha transformado en una polémica que ha enfrentado a los Intendentes y ahora ha involucrado al Poder Ejecutivo y el Legislativo, siendo el contribuyente un mero espectador.

Este proyecto de ley que hoy tenemos a consideración sigue fiel a las notas de la historia del tema. Es controvertido en su creación y también en sus fundamentos.

A la Comisión Asesora que estudió este proyecto, han acudido los principales actores políticos y los principales juristas del país en materia de Derecho Público.

Por lo tanto podemos asegurar que tenemos todos los puntos de vista para definir el proyecto.

El Parlamento Nacional ha actuado sin dudas con la mayor responsabilidad en el tratamiento del tema, que el Poder Ejecutivo ha considerado de urgente consideración.

Y aquí ya debemos preguntarnos como lo hizo el Dr. Esteva: ¿“el contenido del proyecto es acorde con el art. 168 ordinal 7º en cuanto a la declaración de urgente consideración?

“La Constitución no admite dicha declaración cuando se trata de proyectos de Presupuesto; esto no es un proyecto de Presupuesto, aunque en el art.8 hace referencia a contenido de leyes presupuestales y en el art 13 está modificando una ley de Rendición de Cuentas.

El análisis jurídico es determinante para que los legisladores tengamos la certeza de actuar dentro del marco que la Constitución nos impone, principio fundamental de nuestro Sistema de Derecho.

No se puede legislar avasallando la Constitución.

No puede el Poder Ejecutivo con tal de resolver un viejo problema, pasar por encima de la Carta Magna e ignorar los principios básicos de Derecho.

Problema que se origina por la voracidad fiscal de algunos departamentos, a los que hoy se les atenderá con el sistema de este proyecto de ley.

Todos los Catedráticos recibidos por la Comisión, fueron terminantes en lo que hace al art. 297 ordinal 6º de la Constitución, que refiere a los impuestos sobre los vehículos de transporte, llamado “patente de rodados”.

El artículo es claro en sus expresiones.

Éste impuesto y los demás, serán decretados y administrados por los Gobiernos Departamentales.

Como dice el Dr. Risso: “decretar es establecer, crear, fijar, modificar”, todas tareas de competencia exclusiva y reservada del Gobierno Departamental.

Además la Constitución distribuye las competencias dentro de los Gobiernos Departamentales.

El Intendente propone a la Junta Departamental para su aprobación y el art. 273 numeral 3 establece que la Junta Departamental crea o fija a propuesta del Intendente impuestos, mediante la mayoría absoluta de sus componentes”.

En éste sentido todos los juristas fueron concluyentes con esta apreciación.

Todo impuesto Departamental,- para que tenga efecto en la jurisdicción-, debe tener este procedimiento, de lo contrario quedará siempre expuesto a cualquier la acción de inconstitucionalidad que podrá iniciar toda persona directamente lesionada, algunas de las Juntas Departamentales o Intendentes, aún los futuros que puedan resultar electos en los sucesivos períodos de gobierno mientras se encuentre vigente el sistema que contiene el proyecto de ley. (la que será de fácil resolución.)

Esta gruesa falta ha tenido un agregado por parte del gobierno en el art. 4º, quedando redactado así:

“El Congreso de Intendentes resolverá sobre la misma antes del 15 de noviembre de cada año, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos Nº 273, Nº 275 y numeral 6º del artículo Nº297 de la Constitución de la República”.

Pero esta propuesta tampoco resuelve el problema porque escapa a las competencias del Congreso de Intendentes, las cuales solo son de coordinar las políticas de Gobiernos Departamentales”

Cajarville dijo: “la Constitución establece que los impuestos a los vehículos de transporte son fuente de recursos de los gobiernos departamentales decretados y administrados por estos”

En esta primera parte los intendentes han actuado como integrantes del Congreso de Intendentes, donde llegaron a acordar un camino a seguir pero en definitiva ese acuerdo ignoraba la letra del futuro proyecto de ley.
De ahora en más cada Intendente se hará responsable de su Propio Gobierno.

Por encima de la ley está la Constitución y por lo tanto si el Intendente actúa contra ésta, tendrá responsabilidades.

En definitiva, cada Intendente en su departamento, no puede ejercer por si solo la función legislativa. Tiene iniciativa privativa en el tema que estamos considerando y además, promulga lo que la Junta Departamental sanciona.

Por otra parte los Intendentes no pueden ejercer ninguna función, ninguna potestad fuera del territorio de su departamento, por más materia departamental que se trate.

Si no puede hacerlo cada Intendente no pueden hacerla los Intendentes reunidos. Es muy claro que el Congreso de Intendentes no puede ejercer función legislativa en materia departamental.

De ninguna manera el Congreso de Intendentes puede dictar o resolver decisiones por mayoría que vayan más allá de la coordinación política y se impongan como normas vinculantes a los Gobiernos Departamentales.

Cajarville dice:

“un acuerdo de Congreso de Intendentes no subsana las inconstitucionalidades de un proyecto de ley que se dicte creyendo recoger ese acuerdo de coordinación entre los Intendentes”

“Que el Congreso de Intendentes legisle para los 19 departamentos, me parece insostenible e indefendible bajo ningún concepto. Todo lo que implica decisiones del Congreso de Intendentes sobre la materia de este tributo debería desaparecer, nunca estableciendo actos imperativos”.

El Dr. Duran Martínez entiende que cada Gobierno Departamental tiene discrecionalidad para fijar el monto de los tributos (art. Nº 297). La Constitución no ha querido fijar una patente única para todo el país, sino que ha dado discrecionalidad a cada gobierno departamental para fijar su tributo atendiendo las particularidades de cada departamento.

¿Cuáles son esas particularidades?

1) La capacidad contributiva de los vecinos, y

2) Las necesidades del departamento.  Por eso de ninguna manera pueden ser iguales la patente de Montevideo, Artigas, Flores o San José; de la misma manera tampoco lo son los ingresos familiares, los índices de desempleos entre otros.

Son realidades diferentes que el constituyente ha querido que se ponderaran en cada departamento.

En cambio, también lo dice Duran Martínez, cuando el constituyente ha querido fijar un tributo único para todos los departamentos lo ha definido expresamente como por ejemplo en la Contribución Inmobiliaria Rural (tributo fijado por el Poder Legislativo y es igual para todos los casos).

Risso: Por lo tanto por principio general del derecho las competencias delegadas no pueden ser a su vez,  ser delegadas (salvo autorización expresa), por lo que cualquier tipo de delegación o transferencia de competencias es inconstitucional.

En definitiva: “las competencias no pueden afectarse, la guerra de las patentes, que debe ser solucionada, requiere previamente una modificación constitucional”

“Al mismo tiempo, cualquier Intendente actual o futuro, cualquier Junta Departamental actual o futura, podrá accionar ante la Suprema Corte de Justicia, invocando la lesión de su autonomía.”

Si se siguen analizando los diferentes artículos del capítulo primero del proyecto todos son de dudosa aplicación.

El mismo también tiene una clara tendencia centralizadora.

Todo arranca en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), lo cual es verdaderamente alarmante.

El verdadero problema no es que se cobren distintos valores de patentes sino que algunos departamentos, por necesidades financieras, han elevado en demasía los montos.

Según Duran Martínez “este proyecto va a contramano de la reforma constitucional de 1997, que tendió a incentivar la descentralización, a fortalecer la autonomía departamental y la institución municipal; este proyecto centraliza una vez más en Montevideo una actividad importante como la materia tributaria y retacea recursos a aquellos Gobiernos Departamentales  que no se adhieran.

Según Cajarville:

- “este proyecto de ley tiene cualquier cosa menos una tendencia descentralizadora”,

-“Conferir potestades a órganos nacionales que impongan soluciones de coordinación a los Gobiernos Departamentales no es posible sin modificar la Constitución”

- “Mas allá del tema financiero que tengan en cuenta el tema patentes, la clave del proyecto es la violación grosera de las competencias departamentales”.

El art. 8 merece un estudio aparte, habiendo más de una interpretación pero a nuestro entender este actúa como una amenaza.

Aparentemente la adhesión al sistema es voluntaria.

Pero en los hechos no lo es.

Si los Gobiernos Departamentales no se adhieren a la patente única dejarán de recibir recursos que les corresponde de acuerdo al art. 214 de la Constitución.

El art. 214 dispone dice que el Estado Central debe transferir recursos entre los departamentos, para lo cual se basa en criterios objetivos, como la población, la extensión geográfica, la buena administración, el cumplimiento de determinadas metas etc.

El criterio de adhesión o no al SUCIVE parecería ser que se va a dar más al que renuncie a parte de su autonomía tributaria lo cual implica una inconstitucionalidad.

La intendencia que no acepte tendrá una quita de 4/10, en vez del 100% cobrará el 60%.

Según Durán Martínez  “el SUCIVE está claro que no integra los Gobiernos Departamentales, lo cual es violatorio del art. 297 de la Constitución” y “me parece que es una verdadera extorsión y puede haber un delito por el acto legislativo”.

Según Cajarville: “tampoco se respetan las competencias administrativas de Intendente que se transfieren al SUCIVE, administrado por un fiduciario profesional”.

“Si al SUCIVE se le comunican los aforos, las alícuotas y todo lo necesario para liquidar el tributo quien realiza la liquidación no es el Gobierno Departamental sino el SUCIVE; esto no es irrelevante,  ya que el responsable es la administración estatal que lo dicta y puede ser impugnado.

Claramente se está impulsando la privatización del cobro de los tributos Departamentales. Tampoco se dice cómo se van a hacer cargo de los costos del fideicomiso (art. Nº7).

La adhesión al sistema  por un plazo de 15 años también es de dudosa constitucionalidad.

Según el Dr. Esteva dicho plazo sería razonable si uno lo mira desde la perspectiva de la legislación sobre fideicomiso.

Pero genera dudas mirado desde la Constitución, porque está excediendo el periodo de gobierno de cada Intendente y de cada integrante de la Junta Departamental, para lo cual se requieren 2/3 de los votos.

Desde el punto de vista económico el proyecto tendrá un sustento económico de Gobierno Central, basado en un espacio fiscal actual y al aumento del IMESI, lo que significará un aumento en el precio de los vehículos 0 km y reflejo de los usados lo cual ya se ha notado con la disminución de ventas.

Los que menos tienen serán los más perjudicados, por lo tanto no estamos dispuestos a seguir aumentando los impuestos.

Según Del Castillo (Asociación  Comerciantes Autos del Uruguay), el IMESI está vigente a partir del 1º enero de este año, nos parece que aumentarlo es inoportuno y modifica la estabilidad, porque en el comercio cada vez tenemos menos certidumbre.

“Lo que el Poder Ejecutivo quiere es aumentar los impuestos; se nos informa que el monto total percibido por el IMESI es de 100 millones de dólares al año, al aumentar un 30% supondrá un costo impositivo de U$S 30 millones, más lo que hoy en día tiene el mercado de consumo de automóviles”.

“Uruguay pasa a ser el país más caro de América y con respecto al mundo, bien arriba”.

Desde el punto de vista político es dejar por el camino competencias que fueron fruto del esfuerzo de décadas para vigorizar las autonomías.

Por una situación específica, no podemos lesionar principios fundamentales que hacen al funcionamiento de los Gobiernos Departamentales, de lo cual el Partido Nacional ha sido siempre un abanderado desde la Junta de 1903 y las Constituciones de 1917, 1934, 1952, 1967 y 1997.

En la reforma de 1951 el Directorio del Partido Nacional presidido por Echegoyen, dirigió un manifiesto que, entre las ventajas del nuevo texto decía: “la autonomía municipal, en el orden financiero queda ampliamente extendida y la defensa de la Constitución contra la arbitrariedad de las leyes queda más ampliamente garantida, pues quien quiera se sienta agredido en su derecho por una norma que resulte opuesta a la Carta Fundamental, podrá reclamar ante la Suprema Corte de Justicia.”

En resumen; dice Risso “en definitiva, en líneas generales, la idea aparece como inconstitucional y lesionando la autonomía departamental y hago la distinción porque creo que cualquier habitante de la República que sea intimado o emplazado judicialmente para pagar esta nueva patente con este sistema podrá excepcionarse y pedir la declaración de inconstitucionalidad”.

“Al mismo tiempo, cualquier Intendente actual o futuro, cualquier Junta Departamental actual o futura, podrá accionar ante la Suprema Corte de Justicia, invocando la lesión de su autonomía” “Con éste proyecto se viola la autonomía departamental, por lo que se transforma en inconstitucional”.

Como parlamentarios, nuestra obligación es cumplir con el mandato histórico del Parlamento:

-defender al ciudadano
-frenar la expansión y voracidad fiscal del Gobierno

Hoy TODO EL PAIS está siendo arreado al CORRALITO TRIBUTARIO MAS CARO: el de Montevideo y Canelones.

Por todo lo expuesto aconsejamos al Cuerpo a votar negativamente el proyecto de ley en tratamiento.

En lo que respecta al CAPÍTULO II si bien se comparte el espíritu del mismo, entendemos que no fue la mejor práctica legislativa que estuviera formando parte de este proyecto, sino que tendría que haber tenido un tratamiento diferenciado, creemos también que los Gobiernos Departamentales van a perder cierta autonomía, porque ya para hacer ciertas modificaciones tendrán que rigurosamente ser coordinadas con UTE.

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