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Sobre patente única

04/11/2011 Sin Comentarios

Ana Lía Piñeyrúa

La Suprema Corte de Justicia tiene una competencia constitucional que es dictar fallos vinculantes en cada caso sobre la constitucionalidad o no de una ley. Pero nosotros tenemos la responsabilidad ‑lo dije días pasados‑ de juzgar cada una y todas las normas que se someten a nuestra consideración a la luz de las normas constitucionales que rigen en este país. Esa es una obligación y una responsabilidad que tenemos todos los legisladores. Los Diputados no juramos y nunca entendí por qué. Cuando me tocó jurar en el Senado, entre otras cosas, juré respetar la Constitución de la República. Entonces, tenemos esa obligación y esa responsabilidad y no podemos soslayarla por más acuerdos políticos que persigan un objetivo muy loable, como lo hace el instrumento que hoy estamos considerando, que sin embargo es malo a la luz de nuestras normas constitucionales.

Debo decir que entiendo que hemos perdido una gran oportunidad para hacer un gran acuerdo político. Cuando leí los antecedentes de este acuerdo que termina en este proyecto de ley que tenemos a consideración ‑tema que empezó a tratarse el año pasado y a profundizarse en enero de este año‑ y las palabras del Prosecretario de la Presidencia, doctor Cánepa, en la versión taquigráfica de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, pensé por qué no habremos seguido el camino de una ley constitucional, de una reforma constitucional. Esa fue la primera oportunidad que tuvimos de alcanzar un gran acuerdo político para solucionar un problema que realmente tenemos desde hace mucho tiempo, como es el de las patentes.

Seguramente, hubiéramos alcanzado un gran acuerdo político, no hubiera habido diferencias y a esta altura la ley ya habría sido plebiscitada y el instrumento aprobado. Nos perdimos una gran oportunidad. Sin embargo, se escogió este instrumento que tiene muchos ar­tículos de dudosa constitucionalidad. Dos de ellos son incuestionablemente inconstitucionales. Me refiero a los ar­tículos 4º y 9º. No hubo dudas en ninguno de los especialistas que concurrieron a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, en ese sentido. Estos dos ar­tículos violan el numeral 4º) del ar­tículo 275 de la Constitución, que se refiere a la iniciativa del Intendente, el numeral 3º) del ar­tículo 273 de la Constitución, que refiere a las competencias de las Juntas departamentales para aprobar impuestos, entre otras cosas, y el numeral 6º del ar­tículo 297 de la Constitución, que establece que la vulgarmente llamada patente de rodados es un recurso departamental, que fijan y administran las Juntas departamentales.

Es muy cierto que se consultó a los especialistas sobre si en la hipótesis de que se le diera competencia en la aprobación a las Juntas departamentales, se salvaría la inconstitucionalidad. No se consultó a los especialistas sobre ningún texto en particular; se consultó sobre esa hipótesis. Es decir, si se diera intervención a las Juntas, ¿se salvaría la inconstitucionalidad? Y los especialistas respondieron que sí. Sin embargo, ahora tenemos una solución en el ar­tículo 4º, que es insuficiente y confusa y un ar­tículo 9º que continúa invariado. O sea que en el ar­tículo 9º no se introdujo ninguna modificación y ninguna participación de las Juntas departamentales en la aprobación de las bases de las alícuotas y de las bases para el cálculo de ese impuesto.

Nosotros no estamos habilitados por ley para modificar las competencias de las Intendencias ni de las Juntas departamentales. Tampoco lo está el Congreso de Intendentes, por mayoría ni por unanimidad, porque la Constitución le asigna una función muy específica, que es la de coordinar políticas, pero no puede erigirse, como dijo alguno de los especialistas que pasó por la Comisión, en función de jerarca. No hay inconstitucionalidades anteriores, como se han mencionado acá, que habiliten a que hoy estemos aprobando textos de esta naturaleza y ningún acuerdo político, por más fuerte y celebrado por Intendentes que sea, puede habilitarnos a modificar los textos constitucionales.

Lamentablemente es así y no podemos avalar esta solución que, repito, persigue un buen objetivo a través de un mal instrumento.

Para terminar, quiero decir que tengo un matiz con algunos compañeros de mi bancada. El sistema en Uruguay es bicameral. Siento que no tengo que votar este proyecto de ley porque entiendo que su eje es inconstitucional. Gustosamente lo votaré si el Senado lo modifica y remite nuevamente a la Cámara de Diputados, enmendando las inconstitucionalidades. Aquí también nos hemos perdido la segunda oportunidad de alcanzar un acuerdo político, que hubiera sido posible si se hubiese tenido en consideración los ar­tículos modificativos y aditivos que presentó el Partido Nacional y que están en la Mesa. Hemos perdido una segunda oportunidad.

Fuente: Exposición en Cámara de Representantes

 

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