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Otra vez el Pacto del Club Naval

04/11/2011 Sin Comentarios

Francisco Gallinal

El primer mandamiento por el cual votamos en contra de este proyecto de ley es el de la defensa de la voluntad popular, de los pronunciamientos de la ciudadanía y de las decisiones de la gente, que son las que legitiman no solo nuestro actuar –porque en función de su voto estamos aquí sentados– sino también las resoluciones que adopta el Parlamento, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y todas las que se toman a diario en el ejercicio y en la convivencia democrática. Este es uno de los argumentos –diría que el más importante, el principal– que nos colocan, casi en forma automática, en contra de intenciones de esta naturaleza, que a veces –debemos confesarlo– se nos hace difícil entender.

¿Qué necesidad hay de insistir una, dos, tres y cuatro veces en eludir, por un camino oblicuo –que siempre se intenta disfrazar para que parezca diferente al anterior–, la voluntad popular? ¿Por qué se insiste en eso? ¡¿Por qué?! ¿Cuál es el propósito que mueve a quienes lo hacen? Convengamos que tratan de presentar el argumento central –que siempre es el mismo– de una manera diferente; a veces es la justicia, otras, el cumplimiento del Derecho, y ahora, el cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

No tenemos ninguna duda de que hay que cumplir, porque para eso formamos parte de la Organización de los Estados Americanos y hemos ratificado el Tratado correspondiente, pero en ningún momento esa sentencia nos obliga a modificar nuestra ley y mucho menos a ir contra las disposiciones de la Constitución de la República; aunque nos obligara, tampoco deberíamos ir contra las disposiciones de nuestra Constitución de la República, que es la que tenemos que preservar en todos los casos.

Cuando se presentan estos argumentos, se olvida algo que decíamos en aquella circunstancia y que hemos adoptado porque nos parece que es muy descriptivo de esa realidad. Cuando hablamos de la llamada Ley de Caducidad, Ley de Amnistía o lo que el señor Senador Lacalle Herrera denomina el “conjunto de leyes que constituyeron el estatuto de la salida de 1985”, a veces nos olvidamos –o se olvidan, mejor dicho, porque nosotros no lo hacemos– de algunos sucesos que provocaron determinados acontecimientos. Hoy no tendríamos la discusión que está planteada si el Frente Amplio no hubiera pasado por los cuarteles del Club Naval para negociar la salida –arreglada y negociada– de 1984. Nada tendría explicación sin el Club Naval, en el acierto o en el error. ¿Era mejor ese camino? Puede ser; quizás no, nunca lo sabremos.

Pero lo cierto es que el pueblo caminaba en un sentido para derrocar a la dictadura, y un buen día se juntaron algunos Partidos Políticos –no todos, porque el nuestro no estuvo presente– que decidieron acortar el camino y transar, mantuvieron preso al que de estar en libertad los estropeaba el acuerdo, y a otra cosa.

Y ahora ¿quién paga los platos rotos?

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