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La regla fiscal es puro sentido común

04/11/2011 Sin Comentarios

Hernán Bonilla

En las últimas semanas algunos economistas han defendido la exuberancia del crecimiento del gasto público de los últimos años, por encima del aumento de un producto que creció muy por encima de la tendencia histórica. Las argucias van desde que el caso uruguayo es especial (como si no rigieran al oriente del río Uruguay las leyes de la economía), hasta poner por delante la “cuestión social” como si fueran áreas inconexas. Pero como los ciclos económicos siguen existiendo y nuestro país carece de regla fiscal que controle el crecimiento del gasto, el déficit fiscal o la deuda pública, ante un cambio de viento de la economía internacional que puede no demorar tanto como se pensaba, Uruguay se encuentra expuesto e indefenso. Y con las crisis económicas vaya si sufre la “cuestión social”.

REGLA FISCAL. El argumento por el cual es deseable que un país tenga una regla fiscal es simple y de estricto sentido común. Cuando la economía crece por encima de lo normal (en términos más técnicos, por encima de su tendencia de largo plazo) debería ahorrarse una parte para estabilizar las cuentas públicas de forma de que sufran lo menos posible cuando la economía crezca por debajo de lo normal o, directamente, entre en recesión. ¿Qué ocurre si no se ahorró mientras se crecía? Al llegar la recesión los ingresos del Estado caen más que el producto, crece el déficit fiscal y el gobierno de turno se ve obligado a subir impuestos o recortar gastos (ajuste fiscal en criollo) en el peor momento posible. Justamente, si hay algo que los uruguayos deberíamos haber aprendido luego de 2002 es que el círculo vicioso de una recesión con un déficit fiscal importante, que obliga al gobierno a aplicar un ajuste fiscal porque la recaudación cae y se agudiza el frente fiscal, empuja nuevamente a la baja a la economía y así sucesivamente.

La forma de evitar ese círculo vicioso es prever que los ciclos económicos existen y tomar medidas en consecuencia. La mayoría de los países desarrollados y muchos del tercer mundo han adoptado reglas fiscales en los últimos años. Actualmente son alrededor de 80 países, incluyendo a los miembros de la Unión Europea, Australia y Nueva Zelanda desde los noventa, y en América Latina ha sido implementada desde el año 2000 por Chile, Perú, Brasil, México, Argentina y Colombia. La idea básica, amén de las variantes que pueden presentar, es formar un fondo de estabilización que crece cuando se ahorra y disminuye cuando es necesario frente a una caída del producto y la recaudación.

¿Si la idea es tan simple y suena tan razonable por qué no se aplica? Porque ningún gobierno va a atarse de manos y perder la posibilidad de utilizar el gasto público en forma discrecional. Sin instituciones que lo contengan, la tentación de inaugurar obras el último año de gobierno es muy fuerte. De allí la importancia de instituciones que procuren el interés del país en el largo plazo y no los intereses partidarios en el corto. La única forma de evitar que los políticos se timbeen la prosperidad y nos dejen regalados en las crisis es una clara norma que se los impida. Por eso una regla fiscal es imprescindible en cualquier país que quiera tener un manejo responsable de su macroeconomía, para limitar el gasto público y el déficit fiscal y evitar acentuar los ciclos económicos con sus consecuencias nefastas sobre la pobreza y la marginación.

A LA URUGUAYA. En Uruguay según una investigación realizada, entre otros, por el actual Ministro de Economía, se encuentra que casi todos los gobiernos desde la década del veinte del siglo XX han utilizado en forma oportunista el gasto público (1). Esto implica, esencialmente, que aprietan en los primeros años (muchas veces incluso realizan ajustes fiscales) para abrir la canilla en el año electoral. Huelga comentar que esa misma investigación fue premonitoria respecto a la conducta fiscal del gobierno anterior, dónde el aumento del gasto, el endeudamiento y el déficit fiscal en el año electoral fue escandaloso.

Se sostiene que Uruguay, dado sus características, no necesita una regla fiscal como sí necesitan otros países dependientes de la exportación de algún recurso natural (por ejemplo, Chile con el cobre). Esto queda desmentido de plano por la cantidad de países en el mundo de todos los continentes y de los más diversos perfiles que la aplican. Si tienen reglas fiscales países industrializados, con mucha más razón un país como el nuestro que exporta pocos bienes concentrados en pocos destinos.

El gobierno presenta sobre este tema, además, una conducta bipolar. Está de acuerdo con los fondos de estabilización a nivel micro, y por eso creó en la ley de presupuesto el fondo de estabilización para el sector energético, y está de acuerdo también con los supranacionales, y por eso apoyó la creación en el marco de la Unasur del Fondo Latinoamericano de Reservas. ¿Cómo se puede estar de acuerdo con aplicar reglas fiscales a nivel micro y supranacional pero no a nivel nacional?

No es cierto tampoco que el déficit y el aumento de la deuda se deba a que el gobierno debió dar prioridad a la “cuestión social” debido al lastre que dejaron los gobiernos “neoliberales”. Sobre la paparruchada del neoliberalismo ya hemos escrito en otras oportunidades y sobre los avances en indicadores sociales en la década del noventa existe una amplia bibliografía. Basta constatar que pese al excepcional crecimiento de los últimos 6 años todavía se está lejos de alcanzar el mínimo de pobreza logrado en 1994. Si algo se ha verificado es que la eficiencia de las políticas sociales, su buen foco y administración es mucho más importante que el monto asignado. Cientos de millones de dólares en planes sociales ineficientes de los que el propio Ministerio de Desarrollo Social no realiza evaluaciones dan cuenta del estrepitoso fracaso del paradigma de que “antes nadie se ocupaba de los pobres”. Se ocuparon y con mejores resultados.

DELENDA CARTHAGO. Existen poderosas razones desde el punto de vista de la teoría económica, la experiencia de otros países, la historia de nuestro país, el funcionamiento del sistema político y nuestras débiles instituciones fiscales que avalan la idea de que es necesario aplicar una regla fiscal en Uruguay. Seguramente que su instrumentación será difícil, pero es necesario que el país encare este tema antes de que sea demasiado tarde. Debemos realizar un acuerdo interpartidario y formar un equipo con técnicos de todos los partidos que analice la idea y avance en los detalles técnicos, que no son menores. Sería una demostración de madurez por parte de nuestro sistema político aceptar reglas de juego para el mejor interés del país y que se aplicarán a todos por igual.

El avance de la crisis internacional y la desaceleración doméstica son una luz amarilla que demuestra que no tenemos mucho tiempo. El crecimiento de la deuda pública bruta que pasó de 13.949 millones de dólares en 2005 a 25.982 millones de dólares en el segundo trimestre del presente año, el déficit fiscal 0,5% del PIB mayor al ya previsto en el presupuesto para 2011 y el crecimiento de la inflación que por segundo año consecutivo va a superar la meta prevista por el Banco Central son evidencia suficiente de que estamos regalados. Y como los ciclos económicos siguen existiendo, desconocerlos es suicida.

Es necesario, una vez más, pedirle al gobierno que no ignore el tema porque la consecuencia de hacerlo será una crisis no solo económica sino fundamentalmente social. Evitarla debería ser un compromiso compartido por todos. ¿Lo será?

(1) Diego Aboal, Fernando Lorenzo, Juan Andrés Moraes y Gabriel Oddone, La economía política de los déficit fiscales en Uruguay, en Diego Aboal y Juan Andrés Moraes (editores), Economía Política en Uruguay, Ediciones Trilce, 2003.

 

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