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Discriminación social a Menores: La Intendencia marca diferencias

04/11/2011 Sin Comentarios

Hugo Recalt

Sorprende la paradoja, que por un lado el Frente Amplio dispare todas sus baterías contra la campaña de recolección de firmas para plebiscitar las baja de la edad de imputabilidad penal para los menores delincuentes y que por otro lado le otorgue a jóvenes de diez y seis años atribuciones como el seguimiento y control de obras municipales y el manejo de dineros públicos.

Los argumentos esgrimidos sobre esos temas, pasando por los del INJU, el MIDES, la intendenta, los popes de los sindicatos hasta los del rector de la Universidad de la República, harían pensar que para la izquierda existen en la franja de dieciséis a dieciocho años dos clases de jóvenes:

Por un lado los jóvenes infractores (eufemismo por delincuentes) que, según ellos, son jóvenes pobres que provienen de familias de contexto crítico, de un gran deterioro social, víctimas de las crisis del capitalismo, que sufrieron las reformas de la enseñanza pública del los años noventa y de todas las calamidades habidas y por haber atribuibles a los partidos fundacionales.

Esos jóvenes a los les gusta llamar “gurises,” son a los que no se les deben exigir  responsabilidades, porque no tendrían la capacidad necesaria para discernir sobre los conceptos de conducta honrada.

Algunos personajes llegaron a argumentar que esos jóvenes quedaron  tan sensibles que bastaría con “provocarlos” exhibiendo un par de “championes” de marca o algo por el estilo, para que afloren sus traumas sociales y cegados por el consumismo roben y maten a mansalva.

El oficialismo considera que por su edad serían  inmaduros intelectuales que al no tener conciencia  de sus delitos y que dada su triste condición, el Estado debería protegerlos de manera diferente.

Separándolos de estos uruguayos marginados, el Frente Amplio distingue a otra clase de jóvenes.

Aparentemente esos jóvenes no deben haber sufrido los daños de las reformas de los 90 en la enseñanza pública, quizá sean todos alumnos del “British” o del “Christian” que no hayan  sido impactadas por atrocidades neoliberales,  pues los consideran tan brillantes hasta para asumir responsabilidades públicas iguales a las de los mayores de edad.

La intendencia de Montevideo ha impulsado esa segregación.

Para comprobarlo, basta con leer el Decreto Nº 33478 del 1º de julio de 2010 sobre el marco jurídico para el funcionamiento de los Concejos Vecinales.

En el Artículo 3º se indica que los ciudadanos pueden:

“ser electores y elegibles en el Concejo Vecinal, a esos efectos deberían ser mayores de 16 años”

El Artículo 9 que habla de las atribuciones de dicho concejo, destaca que podrán intervenir en:

“ La evaluación en la prestación de servicios y la ejecución de obras municipales mediante la Comisión Permanente de Control y Seguimiento Municipal que crearan a esos efectos.”

Y por Artículo 10 les otorgan medios económicos para facilitar su gestión , aclarando específicamente que:

“ es responsabilidad de la Mesa Ejecutiva de cada Concejo Vecinal administrar, controlar y verificar el buen uso de estos recursos, debiendo de realizar una mención de cuentas trimestral al Gobierno Municipal, justificando cada una de las asignaciones”

Con esta queda probado que la fuerza política que nos gobierna discrimina claramente a dos tipos de jóvenes en esa misma franja etárea:

Los jóvenes Clase A con la capacidad necesaria  para integrar instituciones de gobierno local.

Y los jóvenes clase B segregados como “menores infractores” señalando que a esa misma edad, no pudieron llegar a una madurez intelectual suficiente para distinguir entre los conceptos del bien y del mal.

 

 

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