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Otra vez la pelota en la casa del vecino

21/10/2011 Sin Comentarios

Francisco Gallinal

El propósito de esta columna es, en esta oportunidad, intentar aportar a los lectores un estado de situación, un diagnóstico, una descripción de la realidad en que nos encontramos respecto a los crímenes cometidos por la dictadura militar desde 1973 al primero de marzo de 1985, para que vayan sacando sus propias conclusiones.

En el Uruguay, especialmente a partir del año 2002 en que se ratificó el Tratado de Roma, los delitos de lesa humanidad o sea aquellos cometidos en ejercicio del llamado terrorismo de estado, son imprescriptibles, es decir, se pueden perseguir por siempre en atención a que ni caduca la pena ni se extingue el delito.

Las autoridades del Frente Amplio han iniciado una ronda de consultas con los demás partidos políticos con el propósito de aprobar una ley que declare de lesa humanidad a los delitos cometidos durante la dictadura. Se trata de algo diferente a la normativa vigente y a lo que dispone el Tratado de Roma. Se pretende que esa imprescriptibilidad sea retroactiva y abarque también a los delitos cometidos previamente a que como tales – de lesa humanidad – se incorporaran a nuestro derecho positivo en el año 2002.

La movida del Frente Amplio parte de la base que los delitos de la dictadura prescriben el próximo primero de noviembre, en atención a un razonamiento un tanto complejo. Esos delitos tienen una prescripción de 20 años. Si no se considera el tiempo que duró la dictadura, el plazo empezaría a correr a partir del primero de marzo de 1985 es decir, los 20 años se cumplirían el primero de marzo del 2005. Como el Código Penal establece que de mantenerse la peligrosidad del delincuente – cosa que no está demostrada – esos plazos se pueden extender en un tercio, y como un tercio de 20 son 6 años y siete meses, el plazo total sería de 26 años y siete meses que contados a partir del primero de marzo de 1985 nos da que el próximo primero de noviembre del 2011 prescribirían dichos delitos.

La Suprema Corte de Justicia no considera que los delitos cometidos durante la dictadura sean de lesa humanidad; no aplica retroactivamente las leyes que así lo definen y, por ende, no los considera imprescriptibles. Sí ha expresado que la prescripción de los mismos se operaría el próximo primero de noviembre, es decir ha aceptado que la prescripción es de 26 años y siete meses, de allí la movida del Frente Amplio intentando aprobar alguna norma antes que este hecho jurídico se produzca.

No podemos dejar de señalar e incluir dentro de este estado de situación la vigencia de la ley de caducidad, que ha sobrevivido a dos plebiscitos y que, por ende, aún cuando los delitos no prescriban existe un pronunciamiento vigente que dice que ha caducado la pretensión del Estado de castigar estos delitos. Ya el hecho de  declararlos imprescriptibles, es de una legalidad y hasta diríamos constitucionalidad  harto dudosa por el principio de que no hay delito sin pena, sin ley previa que así lo establezca. Pero aún si aceptáramos  su imprescriptibilidad con carácter retroactivo, los mismos no podrán ser perseguidos ni sus autores sancionados en función de la vigencia de aquella ley.

De allí que la movida del Frente Amplio inevitablemente está acompañada por la sanción de otra ley que les permita alcanzar sus objetivos que, obviamente, no se agotan en la imprescriptibilidad. El Frente Amplio, que ya ha fracasado varias veces en su intento de modificar la situación jurídica, que lo ha intentado pretendiendo violar y desconocer la voluntad popular expresado en plebiscitos o referéndums convocados por ellos mismos, ahora sale a buscar el apoyo de los demás partidos. Pero sin terminar de decirnos que es lo que pretende.

Porque  en la búsqueda de ese apoyo nos está escondiendo algo. No desnuda sinceramente sus motivaciones, no viene frontalmente y nos dice queremos hacer esto y aquello. No. Nos muestra una parte de sus intenciones, esconde la otra  y exhibe una vez más una doble personalidad.

La personalidad del Frente Amplio que venimos de describir, y la personalidad del gobierno que una vez más, juega a la mosqueta con el tema. Mujica en el exterior dice que el gobierno apoya la iniciativa; Mujica en el Uruguay dice lo contrario. Brescia, el Secretario de la Presidencia, dice las dos cosas, que sí y que no.

A tal punto es así que el proyecto, presentado a último momento en la sesión del martes, trae nuevamente la derogación de la ley de caducidad. De allí lo del título:

“Otra vez la pelota en la casa del vecino.”

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