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Prescripción

14/10/2011 Sin Comentarios

Hebert Gatto, diario El País – 12.10.2010

En la historia de los pueblos ocurren acontecimientos que por sus consecuencias resultan difíciles de asimilar. Particularmente cuando los rodean valores y sentimientos contradictorios. Eso no impide, como tantas veces ha sucedido, que una vez procesados, se produzca una saludable reacción que, sin olvidarlos, ni rebajar su trascendencia, los ingrese en la historia. Más cuando no hacerlo significa el peligro de, por puro cansancio, sumirlos en la indiferencia.

Esta situación, por enésima vez, se está repitiendo en nuestro país. Nuevamente, en otra muestra de parálisis, el Frente discute los delitos de la dictadura, omitiendo dos pronunciamientos concluyentes del soberano. Lo que nos asemeja a aquellas aves de que hablaba Borges, que vuelan para atrás: les importa de dónde vienen, no hacia dónde van.

Ahora el tema no es la caducidad sino la prescripción de tales delitos, que pese a todas sus prórrogas, está por acaecer. No es del caso reiterar argumentos jurídicos que pocos quieren escuchar. La mayoría coincidimos que los crímenes de “lesa humanidad”, son acciones repudiables, horrísonas, que ofenden la dignidad del género humano. Como lo son el genocidio, o el terrorismo indiscriminado.

El siglo XX fue testigo de tales iniquidades estatales, las practicó el nacionalsocialismo, la URSS, la China de Mao o el comunismo camboyano, a escala masiva. Sumados los cuatro, más de veinte millones de sacrificados en aras de la salud totalitaria. También las cometieron las dictaduras latinoamericanas, la uruguaya entre ellas. No asumirlo, o aceptar responsabilidades de unos y no de otros, como hace alguno de los partidos de la coalición de gobierno, merece un claro rechazo.

Pero no es la naturaleza o gravedad de las conductas penales la que justifica disminuir retroactivamente las garantías que como seres humanos merecen sus autores. Ni ella autoriza a reconocer delitos, apelando como fuente a la costumbre internacional, sin leyes que los describan y sancionen con precisión. Si los delitos de lesa humanidad nos parecen atroces, es porque enfrentan la fragilidad del hombre con la potencia represiva del Leviathan estatal. Algo parecido sucede cuando el Estado juzga e impone, si bien en otras circunstancias, castigo a un individuo, cualquiera sea su crimen. Penar es desgraciadamente necesario pero no por ello deseable, aun con los mejores procedimientos y objetivos.

Tal la razón por la que se requieren jueces y fiscales independientes, a salvo de modas culturales, así como normas constitucionales y legales que protejan a los sometidos a juicio. Concretarlas, humanizando el derecho penal de occidente, requirió milenios y el impar sufrimiento de generaciones. Hoy, olvidando esa gesta se quiere imponer una justicia de vencedores validando leyes retroactivas que empeoran sobre la marcha la situación de los imputados, tanto en los tipos penales como en su prescripción. Lo más triste es que se justifica tamaño atropello, violatorio de garantías ancestrales, apelando a una jurisprudencia interamericana que se proclama por encima de la Constitución de la República y de los principios del humanismo republicano. No se advierte que ignorar el derecho deshonra a la justicia y empequeñece a la democracia.

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