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Uruguay entre falacias y sofismas

30/09/2011 Sin Comentarios

Isaac Alfie, Economía y Mercado, 12.09

El diccionario de la Real Academia define como falacia al engaño mediante el cual se intenta dañar a alguien y como sofisma a aquel argumento aparente con que se quiere persuadir de algo falso. Son términos duros, el primero más que el segundo ya que supone el conocimiento de la realidad, en tanto el sofisma puede partir del error o del desconocimiento, pero no he encontrado otras calificaciones para las situaciones que a continuación comentaré, todas surgidas en los últimos días.

UNIVERSAL HOGARES. Hace poco tiempo, Antel lanzó una masiva publicidad acerca de un servicio de internet que cataloga de gratuito para los hogares, ya que abonando $ 490 una única vez se tiene el servicio sin cargo para siempre. Esta publicidad y actitud se puede catalogar sin lugar a dudas de falaz, porque mediante engaño se daña a alguien. ¿Por qué?

Básicamente porque el servicio que se ofrece es lo mismo que la nada, la velocidad ofertada, hasta 256 kbps de bajada y 64 de subida es un chiste de mal gusto. Convido al lector a probar la velocidad efectiva (www.speedtest.net) a las 8 de la noche y a bajar o subir un archivo normal con alguna foto de definición razonable y que luego evalúe, y que lo haga con éste u otro contrato. Seguramente advierta que las velocidades efectivas no son las contratadas en función de la falta de infraestructura.

El caso me parece lo suficientemente grave como para que intervenga de oficio la repartición defensa del consumidor. El servicio no solamente no es tal sino que, lo poco que sirve, se volverá obsoleto en muy poco tiempo por la sencilla razón que el tamaño de los contenidos es cada vez mayor y con esa velocidad será imposible acceder a los mismos. ¿Qué diría usted si le ofrecieran un computador con disco de 10 gigas de capacidad, donde ya no cabe ni el software? No sirve. Bueno, esta es la analogía que podría hacerse para lo que se ofrece.

Dentro del tema, han salido publicados algunos estudios que cuantifican (y dan pena) sobre algo que he estado machacando desde esta columna, nuestro servicio de internet es carísimo y lentísimo. Sobre lo costoso, basta con mirar televisión y comparar los precios y lo que incluye el paquete con los de cualquier otro país de América del Sur. Para lo lento podemos hacer lo mismo, pero ahora también sabemos que en un estudio de 172 países a nivel mundial ocupamos el lugar 136 en velocidad de bajada y 148 en subida. El problema es que no estamos hablando del uso del correo electrónico, sino de su utilización como herramienta de trabajo, sea para el comercio y la industria en general, así como la exportación y provisión al mercado doméstico de servicios con importante valor agregado. Sabemos que nuestro folclore nos dice que estas cosas deben ser públicas, que a los privados que disponen de red hay que dejarlos competir o hay que hacer todo lo posible para impedir tan aberrante acto, que los operadores de cable solo acá no pueden brindar el servicio y que la fibra óptica está por llegar y cuando llegue lo hará de la mano de Antel; por ende será monopólica, cara y, quizás, hasta lenta en relación a otros partes del mundo. Lo que también deberíamos saber es que cada peso extra que se abone por el servicio frente al resto del mundo, es un peso menos en capacidad de competencia real, por cada segundo más que se demore es un segundo menos que se dedica a otra tarea y, entonces, o son menores salarios, o directamente una actividad que se inhabilita. Cuando hablamos de infraestructura no solamente son carreteras, puertos, puentes, este sector de las telecomunicaciones, al igual que otros como la energía, también debe ponerse en el menú de lo que se necesita de manera abundante.

EL QUE ROMPE PAGA. El concepto se ha vuelto a manejar, aún luego de que se remitiera al Parlamento el discutido impuesto a la tierra. En este caso nos encontramos ante un sofisma, proveniente de un dicho vulgar, que en nada aplica al caso de las carreteras, al menos linealmente. En efecto, que un privado debe ser responsable de sus actos y como tal, obtener el beneficio y pagar el costo pleno es una cosa, pero el cobro directo y proporcional por el uso de la infraestructura pública es un concepto errado que va en contra del desarrollo. Si subimos los peajes a los camiones que transportan determinados productos primarios, de eso se habla, lo que se logra es encarecer el costo del flete. Dado esto, una vez más vale el hecho que el precio en el puerto de los bienes transportados no lo ponemos nosotros; por ende dado este precio, el costo del flete y los impuestos aplicados habrá un precio “de resumen” que se le podrá abonar al productor en la puerta del establecimiento. Si este es aceptable habrá producción y si no, no lo habrá. Por tanto, es claro que las tierras marginales incorporadas (las menos productivas) para ciertos granos, es probable que dejen de producir, lo que significa menos ingreso para el productor, pero también para el país en su conjunto, menos gente, menos salarios, menos fletes.

A su vez, ¿se le cobrará igual a los camiones que transportan otro tipo de bienes tales como electrodomésticos, ropa, bebidas, otras materias primas y bienes intermedios? ¿Se cobrará en ambos sentidos, desde y hacia Montevideo? Todo hace pensar que no y, si se hace, lo que se logrará es encarecer el costo interno afectando la competitividad y perjudicando al consumidor. El error está en pensar que el único que se beneficia, y por tanto debe abonar el costo, es el productor o el fletero, cuando el beneficio es de toda la sociedad, desde el productor, pasando por los intermediarios, los industriales y el consumidor que con mejor red vial accede a más productos a mejor precio.

MÉDICOS Y MAESTROS. Si algo faltaba, el lunes pasado el Presidente anunciaba su ¿intención? de que ciertos egresados de la Universidad de la República, entre los que incluyó a los maestros, que no egresan de allí, realicen trabajo voluntario que, como tal, supongo honorario. Más allá de un notorio atentado contra la libertad individual, una vez más se utiliza el manido argumento de la gratuidad de la educación y lo que se le brinda a estas personas, planteado de una forma que termina enfrentando la sociedad.

Aquí hay varios aspectos, algunos sobre los que ya he escrito. En primer lugar, convendremos que la educación, cualquiera sea su nivel, no es gratis, se paga mediante impuestos. También sabemos que para un muchacho del interior, además del sacrificio de desarraigo, el costo de venir a estudiar es bien importante y debe abonarlo de su bolsillo. A su vez, los profesionales recibidos en actividad pagan un impuesto y un adicional, reducido por cierto, que a lo largo de su vida supera los US$ 13.000 y, además, pésimamente diseñado. Entiendo que deberíamos estar contestes en que para la educación superior el actual sistema de libre acceso sin ningún tipo de obligación mínima de rendimiento es irracional. Lo lógico es que la educación superior sea paga, con un amplio sistema de becas donde se premie el esfuerzo y la calidad del estudiante. Un sistema donde se abone y los becados deban cumplir con determinado rendimiento mínimo, disminuiría drásticamente el número de estudiantes que figuran como tales en los registros de la Universidad de la República. Lo anterior reduciría la dotación de profesores y necesidades locativas y, con ello, el costo total. No olvidemos que menos de 1 de cada 5 alumnos que ingresan a la UdelaR logran egresar y que, medidos como se hace internacionalmente su población no llega a 25.000 alumnos, cuando “canta” cerca de 100.000. Si tomamos el costo total y lo dividimos por los alumnos efectivos nos asombraríamos al superarse los $ 275.000 por año por alumno.

La propuesta, al igual que el impuesto a los profesionales y su adicional, castiga al exitoso y pone incentivos errados. Desde el punto de vista económico está demostrado que este tipo de acciones son totalmente contraproducentes, sin beneficios para nadie y con costos, directos e indirectos sobre los obligados. A su vez, aquel que se recibe y se dedica a su profesión pagará y quien usó el subsidio y luego se fue del país, o no llegó a recibirse pero igual recibió la educación para moverse mejor en su actividad no lo hará. Quienes ponen el sobrecosto de la universidad pública no son el 20% que se recibe, sino el 80% que se eterniza y no egresa, superpoblando clases y requiriendo la aplicación de más recursos, humanos y materiales para el mismo producto final.

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