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Preocupación nacional

23/09/2011 1 Comentario

Editorial, diario El País – 20.09.11

Todo indica que nuestro sistema democrático -o nuestra cultura cívica- no ha llegado aún a tener una efectividad adecuada como para compatibilizar el funcionamiento de los mecanismos sindicales dentro de un marco de convivencia y de respeto a los intereses globales de la población. Se advierte, así, que por un lado parecen estar los trabajadores sindicalizados y, por el otro, la organización social, las instituciones y las autoridades gubernamentales que reflejan la voluntad del soberano expresada en las urnas. Estas últimas emanan de la voluntad general; los sindicatos no, ni siquiera la de los propios trabajadores o, al menos, no hay certeza de ello.

Esta dicotomía se vuelve más evidente cuando se constata que los sectores laborales, en buena parte, no están agrupados en sindicatos -como las dos terceras partes de los privados- mientras que los que sí lo están no son consultados con las garantías que el caso requiere. Es obvio que no se practica la democracia interna sino que se refleja la posición de las llamadas cúpulas sindicales. En definitiva, son estas cúpulas las responsables de la impopular ola de paros, huelgas, ocupaciones, cortes de rutas y del acceso al trabajo y otras formas de lucha directa con las que una minoría está socavando la estabilidad de la nación entera y trastornando el modus vivendi de todos sus habitantes.

¿Qué derecho se tiene para proceder así? Nadie niega el derecho a paralizar el trabajo en apoyo a demandas que se consideren justificadas. Se entiende que la sociedad otorga un instrumento defensivo a la parte más débil de la ecuación laboral y está bien que así sea. Pero ese derecho, al ser ejercido con ligereza y hasta con intenciones politizadas, no puede ser superior al que tiene la población a vivir sin trastornos cotidianos y con el libre acceso a servicios esenciales o a los propios de una convivencia normal. No se objeta su uso sino su recurrencia excesiva. Quizá esta mentalidad prepotente tenga su origen en uno de los excesos en que se incurrió durante la revolución francesa, a fines del siglo XVIII. En efecto, en la Constitución de 1793 se declara que “la soberanía radica en el pueblo o en una parte de él”.

En aquellos tiempos de lucha contra el absolutismo, la exaltación del individualismo y la devoción por la libertad, la igualdad y la fraternidad, llevaron a la adopción de valores absolutos como el indicado: una parte del pueblo -no solo la mayoría democráticamente manifestada- puede ser la depositaria de la soberanía de la nación… Este criterio abrió las puertas a la acción inorgánica, a la violencia de grupos mesiánicos y a la burla de la voluntad general.

Cada grupo se creyó el depositario de la verdad y actuó en consecuencia. Algo de esto hemos heredado en nuestro tiempo a través de la acción sindical cuando ésta es desmedida, inconsulta, desconsiderada con los demás. Así, un grupo de elegidos no se sabe por quién, se arroga el derecho de representar a todo un sector social y obra por sí y ante sí en la convicción de que su interés está por encima del bienestar general y de que tiene derecho a manejar a su antojo la vida cotidiana del prójimo.

Volvemos a plantearnos las interrogantes que ya constituyen una verdadera preocupación nacional:

¿Debe pesar más la voluntad de los dirigentes gremiales y los intereses que dicen representar y defender o el mantenimiento sin excusas de los servicios que atienden las necesidades de la población?

¿El derecho de huelga es absoluto y está por encima de los demás derechos proclamados por la Constitución?

¿Tienen mayor legitimidad, es decir, están más avalados esos derechos por la voluntad popular que las decisiones parlamentarias o las que emanen de las reparticiones estatales cuyas autoridades son también elegidas, indirectamente, por la voluntad popular?

Y agregamos: ¿No ha llegado el momento de reglamentar debidamente el alcance de las decisiones sindicales así como las responsabilidades empresariales y similares?

1 Comentario »

  • Loreto Moreira Rivas :

    Muy bien dicho,la reglamentacion sindical es la clave para hacer funcionar democraticamente a los sindicatos y que sean asi represetativos de todo el gremio,si el trabajo es el sustento para el desarrollo de una clase media digna para la estabilidad democratica del pais,el corporativismo sindical actual es exactamente lo contrario.

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