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Razonando con Lorenzo

08/09/2011 Sin Comentarios

Luis Alberto Heber

La semana pasada el equipo económico, encabezado por el ministro Fernando Lorenzo, compareció ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Senadores para efectuar la “presentación” de la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del año 2010.

Mas allá de que, ante algunas preguntas formuladas intentó – con habilidad que no le falta – “enredar” los números de dicha Rendición de Cuentas – que corresponde al gasto efectuado durante el transcurso del año pasado – con los del Presupuesto Nacional para el quinquenio, que se aprobó a fines de 2010 pero comenzó a regir el 1ro. de enero de 2011, nos quedaron varias dudas, una vez finalizada su exposición.

Me voy a detener en tres de ellas.

1. La primera tiene que ver con ASSE. Adelanto que compartimos el criterio de que debe incrementarse, en la medida de lo posible, el denominado “gasto social”. Pero, a la vez, como integrantes de la oposición, queremos ejercer el control en cuanto a la “calidad” y “eficiencia” de dicho gasto. En otras palabras: si estamos incrementando las asignaciones para diversos Incisos y Programas, queremos que el ciudadano reciba, claramente, mejores resultados.

Ahora bien. De acuerdo al material que el propio ministro nos entregara, surge que se cuadruplicó el gasto en ASSE. Pero: ¿cuántos usuarios de Salud Pública había antes? Un millón y medio. Actualmente, debido a que trescientos mil uruguayos que se atendían en ese sector pasaron al sector privado, el número de usuarios de ASSE bajó de un millón y medio a un millón doscientos mil.

Sin embargo, los resultados  nos dicen que no hay nuevos hospitales, que hay paros de médicos en el interior porque no están funcionando los CTI, que no se están dando determinados servicios de salud y que faltan medicamentos. Quizás esto no le compete directamente al ministro Lorenzo, ya que no es su Cartera, pero… como distribuidor de recursos y como hombre que tiene a su cargo la “caja”, mi pregunta es: ¿cómo puede ser que a pesar de haberle dado a ASSE cuatro veces más presupuesto y de atender menos gente, no haya podido dar un mínimo de atención a la salud, tal como se hacía anteriormente? En definitiva, parece que la Administración empeora cuando se le asignan más recursos y termina teniendo mayores niveles de fracaso.

2. La segunda tiene que ver con la vivienda. En este tema: ¿es un secreto de Estado saber cuántas viviendas se construyeron? Convocada la ministra Muslera, los representantes de nuestro Partido no pudieron saber cuántas viviendas se hicieron durante el año 2010. ¿Por qué no? ¡Es necesario saberlo! Es necesario que el Parlamento y el pueblo uruguayo sepan cuántas viviendas  se han construido. Y no me refiero a las denominadas “soluciones habitacionales”, término que encierra de todo un poco; no caigamos en los números que incluyen los casos en los que se entregaron dos o tres chapas y unas bolsas de portland. Estamos hablando de viviendas nuevas. Una vez más: habiéndose asignados los recursos, necesitamos saber los resultados.

Hace pocos días hemos votado – con cuestionamientos por parte de nuestro Partido – el Plan Juntos, Unidad que va a estar dentro de la Presidencia de la República e idea pertinaz del presidente Mujica. Porque él aceptó con franqueza el fracaso de las políticas realizadas en la administración anterior y dijo, gráficamente, expresiones como “en quince días estaremos entrando en los asentamientos”, durante la campaña electoral. Eso no sucedió. Tampoco se habían alcanzado los niveles de ejecución esperados. Y eso que tenemos un Ministerio especializado en materia de vivienda. Además de la Agencia Nacional de Vivienda. Además del BHU. Además de MEVIR. Pero con toda esa “estructura” a disposición, ni se hicieron las viviendas prometidas y no se sabe o se le oculta a la oposición cuántas son las que en realidad se han ejecutado. Todo mal. ¿Es esto una seria Rendición de Cuentas?

3. Y, por último, el contrasentido de enviar al Parlamento un proyecto de ley proponiendo un nuevo y discutible impuesto sobre la tierra – muy ideologizado, por cierto – que recaudaría US$ 60:000.000, cuando en el año 2010 la ejecución presupuestal estuvo US$ 497:000.000 por debajo del monto total asignado, que ascendía a US$ 10.100:000.000, con la siguiente distribución en cuanto a “ahorros”: US$ 210:000.000 en remuneraciones; US$ 210:000.000 en gastos de funcionamiento, y US$ 80:000.000 en inversiónes.

No es el momento de discutir el impuesto. Pero la pregunta cabe: ¿por qué se mantuvo “topeado” al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, si se sabía que existía ese excedente de US$ 80:000.000 para inversión, que es lo que se está reclamando? ¿O acaso la excusa para el nuevo impuesto no es la de la reparación de la red vial, de la que dicho Ministerio se ocupa, por definición y naturaleza? Antes de pedir más dinero a la sociedad, ¿no habría sido buena cosa levantarle el tope para que hubiera ejecutado más y, en consecuencia, las protestas acerca del estado de las rutas fueran menos? Parece que estuviéramos en el reino del revés.

En este punto es que el ministro Lorenzo trató de “enredar” el tema y mezclar los números de 2010 con 2011, año que todavía se está “ejecutando” y cuya correspondiente Rendición de Cuentas trataremos a esta altura del año que viene. E ironizó sobre lo ahorrado en remuneraciones y gastos de funcionamiento, preguntando si proponíamos que se llenaran vacantes.

No, ministro. A veces es conveniente conservar la seriedad. Muy especialmente cuando de lo que estamos hablando es de los ingresos que los ciudadanos tributan al Estado, para que este los administre con eficacia y eficiencia y pueda demostrar que se han conseguido, notoriamente, mejores resultados. Cumpliendo, por otra parte, con la palabra empeñada.

No parece ser el caso de los tres puntos que, brevemente, hemos reseñado.

Foto: Presidencia de la República

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