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El Estado Socialista Empresario del Gobierno del Frente Amplio

26/08/2011 Sin Comentarios

Ricardo Puglia

La ley 18.602 de setiembre de 2009 creó la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) y modificó los cometidos de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) encomendándole  actuar como concesionario de proyectos de infraestructura pública de transporte, energía, telecomunicaciones, adquirir sociedades comerciales, participar en consorcios y/o fideicomisos especializados en la explotación de las concesiones que se otorguen; ser administrador y/o fiduciario de proyectos de infraestructura financiados; constituir sociedades comerciales, consorcios y/o fideicomisos con entes autónomos; analizar y preparar proyectos de inversión, identificar áreas de oportunidad en infraestructura pública; prestar servicios de administración de fondos, de recursos humanos, de administración contable y financiera.

La ANDE tiene por cometido contribuir al desarrollo económico productivo, en forma sustentable, con equidad social y equilibrio ambiental y territorial; generar programas e instrumentos eficaces, eficientes, transparentes, con especial énfasis en la promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Al 31 de diciembre de 2009, la CND controlaba las siguientes compañías: Agolan S.A. –Industria Textil- En 2009 se le prestaron us$ 4.500.000 nuevos y arrojó pérdidas por us$ 2.158.000; Corporación Vial del Uruguay S.A. – Operación, explotación y financiación de rutas nacionales, puentes y puestos de peajes-; Conafin AFISA – Administradora de Fondos de Inversión y fiduciario en fideicomisos financieros-; Cedetex S.A. – Uso industrial y docente de maquinaria textil de alta tecnología-; Canalmar S.A. – Industrialización de alimentos semipreparados-; Legader S.A. – Administración de la Torre Ejecutiva (Presidencia)-; CADA S.A. – Administración de inmuebles -; Egiral S.A. – Comercializadora de carga ferroviaria-: Corporación Ferroviaria del Uruguay S.A. – Rehabilitación y mantenimiento de la red ferroviaria nacional-; y Trimma S.A. – Tratamiento e impregnación de madera-.

La CND participaba a esa fecha en forma minoritaria en: Saindesur S.A., Petrouruguay S.A., Accesa S.A., ITC S.A., HG S.A., ISUR S.A. y Manantial Dorado S.A. y analiza integrar, DRAGA con la ANP para la conformación de una S.A., donde la CND asumiría el rol de administradora, y se adquiriría una embarcación para realizar tareas de dragado. El proyecto es de aproximadamente USD 40 millones. MIL ROBLES S.A., OSE solicitó a CND la compra de una sociedad anónima para un emprendimiento que dicho organismo mantenía con la Intendencia Municipal de Canelones, la adaptación de sus estatutos y el registro de sus autoridades ante el Registro de Comercio.

La CND también es prestamista, y el detalle de préstamos, convenios, programas y deudores, es  extenso por lo que a efectos de este artículo señalaremos sólo tres: 1- la CND es acreedora al 31/12/2009 del salvataje de Metzen y Sena S.A. por us$ 4.497.820 más intereses; 2- del Centro Uruguayo de Imagenología Molecular por us$ 10.276.000 a través del fondeo otorgado por el BROU, el que puede alcanzar hasta us$ 17.000.000 y 3- el Programa Corporación que finalizó 2009 con una tasa de Morosidad del 11%.

Por su parte, la CND en 2009 tomó fondos de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por us$ 20 millones para financiar las obras de la Torre Ejecutiva y us$ 80 millones del BID para el financiamiento del Plan Vial. Estas cifras no se registran en el endeudamiento del Sector Público.

Para la creación de la Agencia Nacional de Desarrollo, la CND debería haber transferido fondos por us$ 28.500.000 en el ejercicio 2010 contra su descapitalización, finalizando ese ejercicio con una pérdida global por casi us$ 4.500.000.

Otras empresas públicas como ANCAP, participan en negocios de cemento, alcoholes, agroindustriales, negocios en Argentina y Venezuela, gas natural, etc., en sociedades como Cementos del Plata S.A., Pamacor S.A., Caba S.A., Alcoholes del Uruguay S.A.-en sociedad con PDVSA de Venezuela-, Ancsol S.A. (SAFI), Petrolera del Conosur S.A., Carboclor S.A., Petrouruguay S.A., Conecta S.A., y Gasoducto Cruz del Sur S.A.;

UTE, lo hace en Central Puerto S.A. e Hidroneuquén S.A. en Argentina; OSE, en Aguas de la Costa S.A., Manantial Dorado S.A.;  ANTEL- ANCEL, en ITC S.A., HG S.A., ACCESA S.A.; BROU, en República Administradora de Fondos de Inversión S.A. (Fideicomiso), República Microfinanzas S.A., República Administradora de Fondos de Ahorro Previsional S.A., Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), Visanet, Sisterbanca SRL, Empretec, LATU, y Bladex (Panamá); ANP, participa con el 20% del capital accionario de Terminal Cuenca del Plata S.A. y ha concesionado bienes a: Depósitos Montevideo S.A., Bomport S.A., Los Cipreses S.A., Tzakos Industrias navales S.A., Rilcomar S.A., Comfrig S.A., y Solsitur S.A.;

Otras empresas públicas como AFE, BSE, BHU, BCU, y Uruguay Siglo XXI en sus diferentes sectores socializan la actividad estatal y dependen de las políticas de gobierno. El Estado también participa en casi todas las ONG´s establecidas, sea desde la Administración Central o desde las Intendencias Municipales que también tienen lo propio vía concesiones. PLUNA es un ejemplo de cómo el Estado Socialista Empresario del Frente Amplio ha avalado su endeudamiento para la compra de nuevos aviones y la empresa registra desde tiempo atrás pérdidas que en 2010 fueron alrededor de us$ 17.5 millones. Seguramente hay más.

No olvidemos que los ministros de economía de los siete países de UNASUR acordaron integrar el Banco del Sur con un capital inicial de us$ 7 000 millones y Uruguay aportará la friolera de us$ 400 millones que saldrán entre otros del IRPF de todos los uruguayos.

Entonces, de que ley de asociación público-privado se habla hoy en el Parlamento cuando casi todas las principales actividades de la economía se encuentra directa o indirectamente en manos del Estado Socialista del Frente Amplio, quien además procura un nuevo Frigorífico Nacional, y otros tantos emprendimientos públicos como una Planta de Regasificación, Construcción de un Puerto en el Atlántico, etc., que llevan como máxima: “aporte privado de capital, riesgo económico y financiero privado y gestión pública”. La legislación ya existe para ser obras de infraestructura bajo el régimen que mejor les parezca, póngase a trabajar y dejar de perder el tiempo con híbridas normas donde está muy claro que el empresario y el capital privado sólo les interesa si éste asume el 100% de los riesgos y los mismos son administrados por la barra.

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