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¿El fin justifica los medios?

08/07/2011 Sin Comentarios

Juan M. Rodríguez

En las últimas horas, el Parlamento Nacional transformó en Ley, un proyecto de la Senadora socialista Mónica Xavier, que de acuerdo a lo que describe su título, refiere a las “Personas en Situación de calle – Se dispone la obligatoriedad de prestarles asistencia por parte del Estado”.

Este proyecto, viene a regular una materia, que más allá de la simple mención de la Ley 17.869, al “Programa de Alojamiento a las Personas en Situación de Calle”, se enmarca dentro de los artículos 7 y 46 de nuestra Constitución. El primero de ellos reza: “Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecen por razones de interés general”; mientras que el segundo de ellos preceptúa: “El Estado dará asilo a los indigentes o carentes de recursos suficientes que, por su inferioridad física o mental de carácter crónico, estén inhabilitados para el trabajo”.

Resulta claro que nadie puede discrepar con el “espíritu” de la norma propuesta por la legisladora frenteamplista, o sea, las 6 muertes que se han contabilizado durante los primeros días de este crudo invierno, llenan de dolor a quien suscribe y seguramente a la sociedad en su conjunto, pues las mismas pudieron perfectamente ser evitadas si el Gobierno hubiese sido efectivo al momento de aplicar las “Políticas Sociales”  de las cuales tanto se vanagloria.

No obstante, si vamos a manifestar nuestra discrepancia en cuanto a los aspectos formales de dicha norma; puesto que  su aprobación puso sobre el tapete, una vez más, un histórico debate doctrinario acerca de la preeminencia de un derecho sobre otro, y en particular, del derecho “a la vida” por encima del derecho “a la libertad”.

En tal sentido, vale la pena citar el texto del inciso primero de su único artículo:  “Las personas de cualquier edad, que se encuentren en situación de intemperie completa, con riesgo de graves enfermedades o incluso con riesgo de muerte, podrán ser llevadas a refugios u otros lugares donde puedan ser adecuadamente asistidas, aun sin que presten su consentimiento, siempre que un médico acredite por escrito la existencia de alguno de los riesgos indicados en la presente disposición y sin que ello implique la privación correccional de su libertad.

Podemos afirmar sin temor a incurrir en exageración, que esta norma se inspira en una “lógica maquiavélica”, dado que su fundamento radica en el hecho puntual que “para proteger la vida de un ciudadano, contra su consentimiento, lo trasladamos a un lugar donde será protegido de las inclemencias climáticas”, justificando a través del fin perseguido la implementación de medidas compulsivas que se establecen.

Claro está, la propia Constitución brinda la facultad al legislador de limitar los derechos de los individuos, conforme a leyes que se promulguen por razones de interés general. Sin embargo, ante situaciones de características análogas, el legislador en cumplimiento de los principios constitucionales, sabiamente ha entendido que todo aquel traslado compulsivo al que sea sometido un sujeto, ha de ser comunicado en forma inmediata al Juez competente.

Ejemplos de ello son la ley 9.581, relativa a la “asistencia a psicópatas”, la 14.294, referida al tratamiento a brindar a quienes abusan de sustancias estupefacientes, la 18.335, que atañe a los derechos y obligaciones de los pacientes y usuarios de los servicios de salud, y la 18.621, creadora del Sistema Nacional de Emergencias (estás dos últimas aprobadas durante el primer Gobierno frentista).

Independientemente del hecho de no compartir en lo absoluto la forma en que el Gobierno intenta justificar su ineficacia y falta de previsión en la materia, teniendo en cuenta que este hecho se viene repitiendo inevitablemente durante los últimos años, consideramos que su aprobación en los términos que fue realizada, determina un grave avasallamiento los derechos inherentes de los individuos.

¿Y esto por qué? De más está decir que trasladar compulsivamente a un sujeto, naturalmente, sin su consentimiento, vulnera, cercena y quebranta absolutamente uno de los derechos fundamentales más importantes que éste posee: su Libertad, pero aún peor, si para ejecutar dicha acción, basta simplemente un “certificado médico”, sin considerar una preceptiva comunicación a la Justicia, abre la puerta para la comisión de actos que pueden llegar a calificarse de “arbitrarios”.

El Poder Judicial es garante que no se acometan atropellos a nuestros derechos, velando para que todo tipo de “exceso” que pueda realizar, entre otros, el propio Estado, sean controlados de manera efectiva, a fin de evitar la profanación de la personalidad. Sin embargo, para que ello suceda, el Poder Legislativo debe dotarlo de herramientas que le permitan ejercer su labor fundamental.

Ante la solicitud formulada por la bancada de diputados del Partido Nacional, a fin de introducirle al proyecto, un agregado que mandatara a quienes ejecutaran los traslados compulsivos de personas en situación de calle “informar al Juez competente”, la excusa esgrimida por los representantes del Frente Amplio fue que “la norma ya ha sido aprobada en el Senado, y de introducirle una modificación ésta debería volver a la cámara de origen, retardando su aprobación definitiva”.

Entonces, si tan urgente resultaba la norma, que no podía demorarse un día más, ¿cómo pudieron sostener 7 años de Gobierno, con sus correspondientes inviernos, sin necesidad de sancionar una ley de estas características? ¿No será simplemente, una muestra del tipo de proyectos que el Frente Amplio tenga pensado remitir en tiempos venideros? ¿El Partido Nacional va a permitir que fruto de las circunstancias, el FA siga avasallando los derechos de los más vulnerables?

Estos hechos ameritan nuestra reflexión, dado que en ningún caso, podemos admitir pacíficamente que se invada el derecho a la libertad de nuestros compatriotas, sin que para ello, el único habilitado constitucionalmente para así disponerlo, es decir, el juez competente, tenga conocimiento de ello.

Saludamos a aquellos representantes del Partido Nacional, que entendieron que más allá de cualquier acontecimiento, la defensa de los Principios que nos rigen y por ende, los derechos de los más desamparados está por encima de toda coyuntura.

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