Luis Alberto Lacalle

El tema de la seguridad, o mejor dicho de la falta de la misma, sigue siendo de los más importantes de la agenda nacional. Se encargan de recordarlo los noticieros de TV, las radios y diarios. Un día sí y otro también asaltos, rapiñas, copamientos, violaciones y destrucción de bienes públicos se producen en la capital y en el interior y en cualquier rincón del país sin distinguir nivel social, tipo de vivienda, edad de las víctimas ni medidas de seguridad en los domicilios y comercios. Protagonistas en carácter de perpetradores de esos delitos son todo tipo de personas, pero -invariablemente- hay una presencia mayoritaria de menores de edad que, amparados en la legislación vigente en cuanto a la imputabilidad, están prácticamente fuera del alcance de la ley en cuanto al castigo penal de esos atropellos.

No se trata de un tema simple porque ningún tema social es monocausal ni reductible a simplismos, pero no cabe duda que el tema de modificar la edad de imputabilidad se abre camino con creciente fuerza. Todo el país sabe que hemos sido claros en nuestra posición de bajar el límite legal de la edad de imputabilidad por lo menos a los 16 años. Hoy, el propio Presidente Mujica, cambiando sabiamente de posición, vuelve sobre sus anteriores opiniones y se acerca a similar solución.

Cada vez que hemos plantado el tema se han levantado muy respetables voces contrarias a tal medida, enarbolando argumentos que deben ser tenidos en cuenta. Son aquellos que buscan una excusa sociológica para justificar las mentadas conductas delictivas. Es cierto que muchos de los jóvenes que delinquen provienen de entornos sociales problemáticos. Que seguramente no han desarrollado su niñez y adolescencia en entornos donde se les inculcaran valores, formas de conducta civilizadas. Probablemente sean muchos hijos de hogares monoparentales, habitantes de viviendas precarias y seguramente privados de afecto, cariño y ejemplo.

Este razonamiento sólido llega a una débil conclusión, no hacer nada porque los actores no saben lo que hacen, nadie les dijo lo que estaba bien y lo que estaba mal hecho. O sea que debemos seguir permitiendo que el azote de la violencia por parte de menores, ponga en riesgo vida y bienes de sus víctimas. Error profundo y peligroso. Ante todo recordemos que una de las funciones primarias del Estado, al que ciertos grupos de pensamiento y acción política quieren hacer crecer invadiendo el fuero privado, es garantizar la seguridad que la Constitución reconoce como uno de los derechos fundamentales de la persona humana. Un derecho de primer nivel, esencial. En un mismo nivel de importancia, es el Estado principalmente -sin olvidar a la familia- el que tiene que velar porque esos jóvenes reciban mejor educación, se disciplinen en el deporte y cuando cometan delitos, sean recuperados en institutos apropiados. Ocurre que un tema lleva tiempo y el otro es una verdadera urgencia nacional.

El limite de edad de los 18 años es muy antiguo. Está fijado en el Código Penal del año 1935 …, hace 75 años. Medido en función del calendario es muy largo, pero si lo consideramos en función de la historia, de los cambios sufridos por el mundo y por nuestro país, la medición se alarga. Tres generaciones, el cambio de las costumbres, la transformación de la vida urbana y su antigua socialización, el nuevo tipo de familia, la facilidad con que se deshacen parejas, la inmoralidad generalizada y la guarangada elevada al nivel de costumbre, el lenguaje tabernario en la vida diaria y la violencia mostrada en colores y a toda hora. ¿Qué iba a hacer un muchacho de 18 en los años `30 como gran barbaridad? Jugar a la pelota en la calle, romper un vidrio, pelear a la salida de un partido … Poca monta si vemos lo que ocurre hoy. Sin embargo la ley ha seguido incólume, fija en un pasado que ya ni recordamos, dejándonos inermes ante este horror que nos encierra en nuestras casas, que castiga más a los que menos tienen porque alarmas, guardia privada y rejas no son pavadas en cuanto al costo.

Desde hace años proponemos en todos los ámbitos que se rebaje el umbral legal a 16 años y que los menores delincuentes no vayan a la cárcel sino a un Instituto de Recuperación del Menor Infractor. Así está expuesto en el programa que junto con Jorge Larrañaga propusimos al país. Fuimos duramente atacados, señalados como quienes “queríamos poner presos a los jóvenes”, a lo cual respondimos y respondemos que siendo imputables, por supuesto que debemos sacarlos de circulación, proteger con ello a la sociedad y tratar de enderezar a esos muchachos con disciplina, trabajo y cariño. En eso seguimos claros en el rumbo, como siempre. Ahora parece abrirse una esperanza, parece que ha llegado la hora de discutir en serio del tema. El Presidente Mujica, cuando era candidato era un enfático opositor a nuestra posición. En noviembre del año pasado decía que el problema de los menores “no se va arreglar bajando la imputabilidad”, agregando -con cierta razón- que “nadie cambia la realidad por cambiar leyes”. Claro está, si seguimos en el país de papel y lo que hacemos es solo votar las leyes, sin preocuparnos por hacerlas efectivas, ello es verdad. Sin leyes tampoco hay avance. Pero el mandatario dijo hace pocos días que “a los 16 años un jovencito ya es un hombre, ya es una mujer, y tiene edad para discernir”, agregando “hay que avanzar para facilitar las cosas”. Parece auspicioso el cambio de rumbo y acertado el criterio: si puede discernir entre lo correcto y lo incorrecto es imputable. Es una señal positiva. Presentaremos el correspondiente proyecto de ley para que en las comisiones tratemos de avanzar. Es una emergencia nacional.

Fuente: Diario El País 01 de agosto

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